n México se encuentran más de 10 por ciento de todas las especies animales y vegetales que existen, aunque su territorio mide apenas 1.4 por ciento de la superficie del planeta. En esta pequeña porción se localizan unas 65 mil descritas por los especialistas. Se calcula que faltan por clasificar mas de 200 mil. Desde invertebrados e insectos hasta aves, reptiles, mamíferos plantas o especies marinas. De las ya descritas, cerca de 2 mil 600 figuran oficialmente como en peligro de extinción, amenazadas y/o sujetas a protección especial. Son las más cotizadas en el comercio ilegal, actividad que, junto con el narcotráfico, goza de cabal salud. Aunque la inmensa mayoría de los países sancionan severamente dicho comercio, existe por la corrupción y la pobreza extrema imperante en los hábitat naturales de las especies más cotizadas.
Según datos de la Procuraduría Federal de protección al Ambiente (Profepa), el último año se decomisaron en el país más de 60 mil ejemplares de flora y más de 4 mil 500 animales en peligro de extinción que estaban en el comercio ilegal. Sin embargo, el problema sigue, pues los delincuentes saben cómo burlar los controles establecidos para evitar el tráfico de especies. La más de las veces queda impune.
Pero la impunidad ambiental está más extendida de lo que parece. El licenciado Gemi José González, responsable de los asuntos jurídicos en la Profepa, informó que la institución tiene un rezago de 7 mil procedimientos administrativos pendientes de 2014. De ellos, 70 por ciento corresponden al área de recursos naturales y el resto al industrial. El funcionario espera que no exista rezago al fin del actual sexenio. Esto exige resolver 10 procedimientos cada día laborable. Más los que se acumulen en los 33 meses restantes del gobierno peñista. El licenciado González reveló que de todas las denuncias que se presentan en la Profepa, apenas una mínima parte consigna ante la autoridad. Anunció una legislación mucho más severa contra los grandes contaminadores de la atmósfera y que pronto se someterá a aprobación la ley federal de responsabilidad penal ambiental. Ello facilitará homologar en todo el país las sanciones por daños ecológicos. Hoy sólo 16 de las 32 entidades federativas cuentan con alguna procuraduría encargada de los asuntos ambientales.
No solamente homologar penas, sino elevar lo más posible lo que deben pagar los delincuentes ambientales. Protesta generalizada despertó, por ejemplo, la ridícula multa de 23 millones de pesos impuesta al propietario de la mina Buenavista del Cobre por las 56 irregularidades en que incurrió y ocasionaron en agosto pasado el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado y metales pesados en el río Sonora y su afluente, el Bacanuchi. La mina, segunda productora de cobre del mundo, deberá resarcir los daños que por su negligencia causó a más de 22 mil habitantes en siete municipios de Sonora. Y los gastos derivados de la remoción de residuos tóxicos en las cuencas de los ríos y los suelos afectados por un derrame que obliga a una vigilancia sanitaria los próximos 10 años.
Buenavista del Cobre es propiedad del señor Germán Larrea Mota y Velasco, el segundo hombre más rico de México, con 215 mil millones de pesos. En la lista que elabora la revista Forbes sobre las personas más acaudaladas del planeta, ocupa el lugar 77. Fortuna acumulada gracias a las relaciones con el poder burocrático-político. Las mismas que explican por qué la ley ha sido tan ciega a la hora de revisar las condiciones desfavorables de los trabajadores que laboran en sus minas y los efectos negativos que estas ocasionan en el ambiente y las poblaciones. A raíz del grave accidente ocurrido en agosto en la de Cananea, se dijo que Larrea había caído de la gracia de las más altas autoridades del país. El incremento de su fortuna de un año a otro indica lo contrario, sus negocios siguen viento en popa y las irregularidades en sus minas, sancionadas con multas ridículas que apenas rozan su enorme patrimonio. En tanto, por el agua se avizora otro grave conflicto entre los habitantes de Cananea y municipios vecinos y el insaciable depredador.
