La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó ayer que la empresa minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, pagó 23 millones 565 mil 938 pesos para cubrir las multas que se le impusieron tras derramar sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, así como en el arroyo Tinajas, el año pasado.

Puntualizó que el importe total de estas sanciones es independiente al fideicomiso por 2 mil millones de pesos iniciales que impuso el gobierno federal a la compañía, para asegurar la remedición de los ríos y las afectaciones causadas a la población.

En un comunicado explicó que las multas impuestas el 2 de marzo corresponden a la comisión de 50 irregularidades contra el marco normativo ambiental, luego de la inspección realizada a sus instalaciones tras el vertimiento de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado.

La Profepa resaltó que la empresa no contaba con licencia ambiental única actualizada, no había instalado plataformas, puertos de muestreo ni ductos de descarga de diversos equipos, y tampoco había realizado la evaluación de sus emisiones, lo que contraviene la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera.

La minera hizo el pago en cuatro exhibiciones. La primera, por medio de Bancomer, fue por 11 millones 192 mil 587 pesos, que cubre multas impuestas por incurrir en 31 irregularidades en materia de impacto ambiental.

Los siguientes pagos fueron por un total de 7 millones 711 mil pesos por tres irregularidades asociadas al derrame de una solución de sulfato de cobre acidulada; 4 millones 65 mil 800 pesos en materia de atmósfera (nueve anomalías) y 596 mil 551 pesos en materia de residuos peligrosos (siete irregularidades).

La dependencia aseguró que continuará sus visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en las resoluciones administrativas a la empresa, y en caso de incumplimiento podrán imponerse nuevas sanciones. También coadyuvará con la Procuraduría General de la República en el seguimiento de la denuncia penal correspondiente.