esde el pasado 17 de marzo, un movimiento de jornaleros agrícolas del sur del municipio de Ensenada, Baja California, ha puesto en jaque a las trasnacionales agrícolas de la región y –lo más insospechado– ha logrado ser escuchado por los tres niveles de gobierno.
Los jornaleros de la región, que en los días pasados mantuvieron un bloqueo de más de 26 horas en la carretera Transpeninsular, que se saldó con decenas de detenciones, demandan un incremento en el salario; la disminución de la jornada laboral a las horas de ley; ser afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social; el goce de vacaciones y el respeto al séptimo día de descanso; que las horas extra sean a voluntad y pagadas de manera adicional, y que acabe y se investigue el acoso sexual que se da comúnmente contra mujeres jornaleras, amén de un diálogo de negociación que incluya a los jornaleros, los patrones y el gobierno estatal.
Es de destacar que el pliego petitorio de los jornaleros de San Quintín equivale a demandar el respeto a los derechos laborales de que supuestamente goza el conjunto de la población, si se atienden los contenidos de la normatividad vigente en la materia, empezando por la Ley Federal del Trabajo, y al discurso oficial. Tales peticiones resultan, en esa coyuntura, doblemente significativas: en primer lugar, porque ponen en perspectiva los niveles de ilegalidad que persisten en las condiciones laborales de sectores enteros de la economía nacional, como las actividades agrícolas y la minería; en segundo lugar, porque revelan que la demanda de esos derechos es castigada, en el México contemporáneo, con la persecución policial.
La explotación de los trabajadores del campo es una práctica recurrente y tolerada por las autoridades en diversas regiones del país. El común denominador en estos episodios de abuso y explotación es la abdicación del Estado de sus tareas y responsabilidades básicas en materia de protección de los derechos de la población en general, en la que los derechos incluidos en los documentos legales –de por sí acotados por reformas de corte neoliberal– terminan por volverse parte de una formalidad legal inexistente en la realidad.
Un elemento adicional a considerar es la manifiesta doble moral de las autoridades de nuestro país, que critican el trato deleznable que se les da a los connacionales que trabajan en Estados Unidos –no pocos de los cuales se dedican a tareas agrícolas–, pero nada han hecho para mejorar la circunstancia de las víctimas de la migración económica interna, como son muchos de los jornaleros agrícolas que laboran en el país. Un reclamo similar al que el gobierno formula a favor de los jornaleros mexicanos que laboran en Estados Unidos debiera expresarse por la precaria situación en que viven cientos de miles de mexicanos que se trasladan en territorio nacional con la esperanza de tener acceso a mejores condiciones de vida, y que, en cambio, acaban siendo víctimas de prácticas inadmisibles y, en más de un sentido, criminales.
A la luz de los elementos mencionados, la situación nacional constituye, en el momento actual, una expresión de la persistencia y el avance de un modelo económico y social depredador, impuesto con el apoyo de autoridades que no gobiernan para sus ciudadanos, sino para un puñado de intereses económicos y financieros, y que representa, en suma, una forma moderna de barbarie y un retroceso de la civilización y de la convivencia.
