La existencia de problemas estructurales, la falta de incentivos y un deficiente andamiaje legal rige la actuación de los servidores públicos en México, prefigurándose la existencia de riesgos estratégicos para el funcionamiento de la administración pública.

Al comenzar el análisis de la cuenta pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a la Cámara de Diputados que la deuda del sector público pasó de 6.49 billones de pesos en 2013, a 7.4 billones en 2014.

Así, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es el indicador más amplio de la deuda, pasó de 36.4 por ciento del producto interno bruto en 2012, a 38.9 en 2013. En 2014 este indicador creció a 41.8 por ciento, equivalente a 7.4 billones de pesos.

Durante una amplia exposición frente a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor superior, Juan Manuel Portal, puntualizó que uno de los asuntos que representa mayor riesgo en términos de sostenibilidad financiera del Estado mexicano lo constituyen las pensiones y jubilaciones.

A diciembre de 2013 el problema relativo a superar el déficit de los regímenes pensionarios y con ello garantizar un ingreso a los trabajadores al término de su vida laboral aún no ha sido resuelto, evitando el gasto de 19.4 billones de pesos a valor presente, con la migración de los viejos esquemas de jubilaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

El funcionario, que acudió a San Lázaro a invitación del presidente de la Comisión de Vigilancia, José Luis Muñoz Soria, dio cuenta del costo de las pensiones para el Estado: “en los próximos 100 años, el gobierno federal erogará 17.5 billones de pesos, equivalente a 1.3 veces el PIB de 2013 (13.3 billones de pesos), para cubrir la obligaciones pensionarias, los gastos médicos para pensionados y los subsidios para los beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores.

Indicó que el mayor riesgo financiero se registrará en 2030-2050, pues se demandará un pago promedio anual de 0.8 billones de pesos (800 mil millones de pesos), lo cual significará que cada uno de esos 20 años se podrían ejercer recursos equivalentes a 6.1 por ciento del PIB.”

En la maratónica sesión de trabajo, el auditor indicó que en 2013 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) operó un monto de 208 mil millones de pesos por concepto de ampliaciones presupuestales, y en diciembre del mismo año aplicó 93.6 por ciento del total.

El uso de esa cantidad sustantiva de recursos incluye el subejercicio de gasto que fue reasignado de una función específica aprobada por el Congreso federal a otra, la autorización de ingresos excedentes y las transferencias entre rubros de gasto y programas.

El amplio desglose de las anomalías del uso de los recursos públicos también incluyó un capítulo sobre la deuda pública, denominada subnacional.

Al cierre de 2013 la deuda de las entidades federativas y municipios registrada por la SHCP ascendió a 482 mil millones de pesos, saldo superior en 48 mil millones (8.8 por cientio real) respecto de 2012.

En dicho desglose se subraya el crecimiento de deuda de estados como Oaxaca y Chihuahua. En 2013 el gobierno de esta última entidad incrementó su deuda real anual en 75.8 por ciento, al solicitar préstamos por 18 mil millones de pesos.

El gobierno de Gabino Cué en Oaxaca tampoco fue la excepción, y se endeudó con 4 mil millones de pesos durante el mismo lapso.

El pequeño estado de Morelos vio crecer su deuda pública en 58.8 por ciento en un año, es decir, contrajo compromisos con diversas instituciones por mil 782 millones de pesos.

La administración de Baja California Sur también tuvo un endeudamiento de 796 millones de pesos, equivalente a 44.2 por ciento de su deuda total.