o se trata de patrimonios privados en disputa, se trata de la explotación de un bien, propiedad de todos los mexicanos, que ha sido temporalmente concesionado por el Estado. No se trata de una mercancía que se vende a clientes privados que deseen adquirirla y cuyas condiciones dependen exclusivamente de lo pactado por las partes, se trata de un servicio al público mediante el cual se ejercen derechos humanos relacionados con la libertad de expresión, información y pensamiento.
Se equivoca el gobierno federal cuando afirma que el golpe al equipo de Carmen Aristegui se reduce a un conflicto entre particulares; con ello pretende minimizar el alcance y la importancia del hecho como si se tratara de una tienda de hamburguesas. Mucho antes se hablaba ya de un inminente ataque a ese equipo, pues haber descubierto e informado sobre actos de corrupción de altos funcionarios del gobierno federal no era cosa menor. A esa labor periodística se achaca, en buena medida, la pérdida de credibilidad gubernamental. Conforme al periódico Reforma, ésta ha llegado al grado de que 78 por ciento de los estudiantes universitarios del país reprueban la gestión de Enrique Peña Nieto.
Se pensaba que la excusa para atacar a Aristegui y su equipo de trabajo sería más sofisticada y encubierta, como sucedió en el caso de José Gutiérrez Vivó, o cuando años atrás Francisco Huerta fue retirado de su espacio, utilizando al sindicato de la radio para separarlo, porque no era miembro del gremio. En este caso, la operación se llevó a cabo de la manera más grotesca, fuera de toda proporción, con razones que resultan increíbles. Ese desprecio a la opinión pública y la ausencia de racionalidad han sido el común denominador de la estrategia gubernamental.
El pretexto de MVS para terminar con el programa de Aristegui fue su participación en una red de comunicadores, Méxicoleaks, que busca dar espacio a la información ciudadana. Esta acción fue respondida con un agresivo desplegado que exhibió el talante provocador de la empresa, que buscaba romper el convenio contraído con Aristegui, quien no cayó en la trampa y respondió señalando que esperaba mayor información y claridad para fijar su posición; acto seguido, se accionó la segunda provocación, a través del despido de dos de sus colaboradores. A Carmen no se le puede despedir laboralmente porque no es una empleada de MVS en sentido estricto, sino participante de un contrato de naturaleza distinta, que establece derechos y obligaciones de cada parte; entre aquellas que corresponden a la empresa, la obliga a respetar la autonomía editorial; ésa que fue ejercida con maestría e inteligencia a partir de un periodismo de investigación, construido con pleno profesionalismo y datos duros, que de manera evidente molestó al gobierno.
Finalmente, la familia Vargas optó por cerrar cualquier salida, fijando de manera arbitraria las nuevas reglas que hará valer en sus propiedades
: la imposición de órganos colegiados controlados por los dueños, que la blindan de cualquier conflicto con el poder. La libertad de expresión no tendrá cabida, se opta por una caricatura de ella. Estas nuevas políticas que implican controlar las noticias y evitar investigaciones incómodas demuestran que el conflicto con Carmen Aristegui fue precisamente el contenido editorial y no otra cosa.
La familia Vargas, al más viejo estilo porfirista, decidió romper el contrato unilateralmente con Carmen Aristegui y su equipo, alegando que no aceptaba condicionamientos, sosteniendo la tesis de la pérdida de confianza, rancia figura propia de un autoritarismo empresarial que considera que sus socios o colaboradores le deben sometimiento pleno. Ningún juez admitirá como justificado el argumento de la pérdida de confianza
en el contexto en que se dieron los hechos. La última posición de la empresa, por conducto de su representante Felipe Chao, es muestra de esa prepotencia: Te equivocas, Carmen, lo grave es que no aceptes que te equivocaste
. Un auténtico perdonavidas.
Cuentan que José Murat, ex gobernador de Oaxaca, acudió a pedirle su intervención a Carlos Slim, accionista del New York Times, para responder a notas que lo involucraban en un acto de corrupción. Slim le contestó que su condición de accionista no le facultaba a intervenir en la política editorial del periódico. Esta distinción entre propietarios de los medios y los periodistas es fundamental para garantizar la libertad de opinión, así opera en los países democráticos del mundo. En el nuestro, ambos papeles se confunden; de esta manera el gobierno, vía los concesionarios, influye en el contenido y límites del quehacer periodístico, o como en este caso, reclama su extinción.
En estos días se ha generado mucho material para futuros estudios en materia de comunicación y medios. Formará parte de ellos la actitud servil de algunos comunicadores que por consigna, celos profesionales o simple autocensura han hecho causa común con el golpe gubernamental ejecutado vía la empresa. La táctica es criticar a Aristegui en términos personales, sacar las cosas de contexto, encubrir a toda costa la causa de la causa, como dijera Enrique Galván Ochoa. Sin embargo, esta estrategia tiene sus límites, buena parte de la población sabe bien que el golpe a Aristegui deviene de su compromiso con la verdad, y de su capacidad para escudriñar los intereses encubiertos en un sistema corrupto.
La reacción ciudadana ante el golpe ha sido impresionante. Se han generado múltiples iniciativas de respuesta y crece la indignación día con día. Se entiende que el despojo es a Aristegui y su equipo de trabajo, pero también a la población que la escuchábamos. Las movilizaciones que reclaman como propia la recuperación de este espacio abre escenarios con participación de nuevos actores, sobre todo jóvenes, que se vincularon vía la credibilidad, con Aristegui.
Hacemos nuestro el mensaje de las redes sociales: Carmen se queda.
