Javier Ruiz, juez penal del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, ratificó el auto de formal prisión por el supuesto crimen de sabotaje impuesto a Alfredo Esquivel y Teresa Brito, líderes del Consejo de Colonias Populares.

Previamente, el juez sexto de distrito, Reynaldo Piñón, concedió un amparo a los dirigentes y ordenó reponer el proceso por sabotaje, ilícito que directivos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) les imputaron por las protestas que encabezaron el 18 de agosto pasado –día en que fueron detenidos– por el aumento a las tarifas de agua en la zona maya de la entidad.

La defensa de Esquivel y Brito –esta última secretaria de finanzas del comité municipal del partido Morena– adelantó que presentará un recurso de inejecución porque no se atendió la sentencia de Piñón.

El 3 de marzo el juez sexto de distrito ordenó a Ruiz presentar las pruebas del delito de sabotaje y de la participación de los acusados.

Como el juez penal no exhibió las pruebas –a pesar de que solicitó una prórroga de 10 días–, estaba obligado a dictar auto de libertad.

Los defensores de los activistas aseguraron que de ninguna forma se configura el delito de sabotaje, equiparable a terrorismo y atentados contra el Estado.

En tanto, Morena anunció que llevará el caso ante las comisiones Interamericana y Nacional de Derechos Humanos.

El Senado de la República revisó la situación de los detenidos en Felipe Carrillo Puerto y, en una carta firmada por una decena de legisladores, solicitó al gobernador Roberto Borge que se libere cuando antes a Esquivel y Brito.

La senadora Luz María Beristáin dio a conocer que, después de varios meses de espera, se entrevistó con el mandatario de Quintana Roo la noche del martes y le entregó la carta, firmada, entre otros, por Miguel Barbosa, presidente del Senado. Señaló que Borge respondió que el asunto no estaba en sus manos, pero ella le respondió que, como jefe de la directora de la Capa, Paula Cetina, podría ordenarle que retire la demanda.