México tiene política, leyes y presupuestos –pero no suficientes– para impulsar la equidad de género; sin embargo, hace falta que la legislación se cumpla en la realidad, sostuvo la representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres en México, Ana Güezmes, quien agregó que pese a los avances a escala internacional, ningún país ha logrado la igualdad plena.

Entrevistada ayer al término de la ceremonia inaugural de la Semana de Acceso a la Justicia para las Mujeres en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la funcionaria lamentó que sólo haya dos mujeres ministras en el máximo tribunal de justicia del país y confió que en un futuro éstas tengan más acceso estos y otros cargos de importancia en los diversos ámbitos del país.

La ONU Mujeres considera que al ritmo que vamos demoraríamos 80 años, 81 años de hecho, para lograr igualdad plena. Por eso estamos lanzando a nivel global la iniciativa Planeta 50-50, que busca al 2030, y yo creo que México tendrá que lograr mucho antes, que logremos tener la participación plena de las mujeres en la política, en la economía, en la sociedad, en la cultura, añadió.

Güezmez subrayó que la violencia y la discriminación siguen siendo para las Naciones Unidas la principal violación a los derechos humanos, ya que ocurre en las familias, en el lugar del trabajo y en la calle. Por eso, agregó, hay que trabajar en un contexto de impunidad y tolerancia cero a cualquier manifestación de ese tipo.

Por su parte, el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales señaló que del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de sexo deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género.

Agregó que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los juzgados y tribunales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género.

Luego de sumarse a una campaña internacional para impulsar la igualdad de género, Aguilar aseveró que los juzgado- res deben considerar las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad.

El ministro agregó que el derecho de acceso a la justicia implica que las personas tengan la posibilidad de una adecuada tutela de sus derechos y todas las personas sin discriminación alguna, puedan gozar de todos los recursos y servicios que garanticen su seguridad, movilidad, comunicación y comprensión de los servicios judiciales que, a su vez, garanticen una justicia pronta y completa.

Actualmente, 19 por ciento de las magistrados federales y 21 de jueces federales son mujeres.