Nunca se negó la atención médica al señor Juan, ni se le condicionó a la entrega de dinero o por algún asunto administrativo relacionado con su vigencia de derechos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Al contrario, por la crítica condición que presentaba, un cuadro infeccioso severo que ponía en riesgo su vida, el médico tratante pidió al hijo del paciente que no se lo llevara del Hospital General La Raza, afirmó Jaime Zaldívar, titular de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE).

Tal vez, reconoció el funcionario, faltó una información mejor del servicio médico para explicar a la familia que la condición crítica del enfermo, aunque requería una cirugía, no era posible realizarla de inmediato. El conteo de plaquetas era muy bajo y una intervención quirúrgica tendría un elevado riesgo de hemorragia. Primero se tenían que estabilizar las funciones orgánicas y eso requería de algunas horas o tal vez días.

Zaldívar dio una entrevista a este diario con relación a la denuncia de la familia del señor –que por petición de la familia se identifica como Juan–, quien el 22 de noviembre de 2014 acudió a La Raza para solicitar atención por un dolor abdominal intenso que tenía y supuestamente no recibió, porque no pudo comprobar que era derechohabiente del IMSS.

La queja señala que el médico responsable del nosocomio ese día le pidió 80 mil pesos y lo que vaya saliendo (La Jornada, 9/3/15) para que se le pudiera practicar la cirugía.

El funcionario señaló que en ocasiones los familiares se desesperan, sobre todo si pasan algunas horas y tienen la percepción de que a su paciente no se le está haciendo nada.

Eso, agregó, los lleva a tomar decisiones desesperadas, como sacar al enfermo del hospital del IMSS para llevarlo a un servicio médico privado. Se quedan con la idea de la urgencia, en este caso de la cirugía que el paciente sí necesitaba, pero no tenía las condiciones físicas ni orgánicas para someterse a ese procedimiento.

Dar la información con claridad es un reto que enfrentan los servicios médicos del Seguro Social, reconoció, pero en este caso de la denuncia, rechazó tajante que alguno de los médicos responsables del funcionamiento del Hospital General La Raza en fin de semana haya pedido dinero a los familiares del paciente. Eso no ocurre porque hay una normatividad que se cumple y la prioridad es atender a las personas, apuntó.

Armando Soberanes, coordinador del nosocomio en fin de semana, presente en la entrevista con La Jornada, también rechazó que se hubiera solicitado dinero alguno como condición para atender al paciente.

Por el contrario, dijo recordar perfectamente el caso y aseguró haber sido testigo de cuando el médico tratante pidió al hijo del señor Juan que no se lo llevara y permitiera que lo atendieran en La Raza.

Advirtió que una operación de vesícula como la que requería Juan sale mejor y tiene menor riesgo si se programa, aún en los casos más complicados.

Al preguntarles lo difícil que resulta entender que ante la situación crítica de una persona, su familia decida sacarlo del hospital y poner en riesgo su vida, Zaldívar dijo que a veces la desesperación es más fuerte. De ahí el reto de la institución por establecer una comunicación certera médico-paciente.

Eso pasa todos los días y explicó que sólo existen dos problemas de salud que se deben resolver con una cirugía inmediata: uno es el sangrado en alguna parte del cuerpo, debido a un accidente por ejemplo, y el otro es la obstrucción de la vía respiratoria. Alguien que se está asfixiando no puede esperar.