Organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos se manifestaron ayer en el Senado en contra de la designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Argumentaron que como funcionario público recibió señalamientos y/o recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los hechos de San Salvador Atenco en 2006, por el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oxaca, por el encarcelamiento injusto de tres mujeres indígenas de Querétaro y por la persecución contra el sacerdote Alejandro Solalinde, entre otros casos.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Artículo 19 y el Observatorio de Designaciones Públicas manifestaron su postura en contra de que el Senado elija a Medina Mora, porque no cumple con los requisitos de ley.

El pleno del Senado elegirá hoy al nuevo ministro de la SCJN de la terna propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, integrada por los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando, así como Medina Mora, quien se desempeñó como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, titular de la Procuraduría General de la República y secretario de Seguridad Pública federal.

Alma Beltrán, del GIRE, destacó: estamos preocupados por la elección del ministro de la Corte, ya que sabemos que ninguno de los tres candidatos tiene un trabajo fuerte en materia de derechos humanos, y además hay una ausencia de perspectiva de género. Se debió haber privilegiado a candidatos que cumplieran con el perfil y con conocimiento en la reforma constitucional en materia de garantías individuales.

Iván García Garate, del Observatorio de Designaciones Públicas, señaló: nos preocupa que la mayoría de los senadores se esté decantando por Medina Mora; sería peligroso que se consume su elección, porque es un personaje que ha tenido una vida política vinculada a grupos y partidos políticos.

Abundó que uno de los elementos más importantes del derecho de acceso a la justicia es que el Poder Judicial sea independiente e imparcial, tanto de los poderes políticos como económicos y otro tipo de injerencias.

Samuel Kerry, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, refirió que hay ausencia de análisis de los escritos que entregaron los candidatos al Senado con su visión de la Corte. Por ejemplo, no se pudo verificar si los aspirantes tienen interpretaciones de la protección de derechos humanos o cuál es el estándar más alto, si los tratados internacionales o la Constitución.

La senadora Dolores Padierna, quien acompañó a las organizaciones civiles en la conferencia, resaltó que es muy importante que la sociedad civil dé su posición en este tema; que la sociedad conozca que Medina Mora tiene recomendaciones de la CNDH, observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y un sinnúmero de documentos de Estados Unidos que lo señalan de haber participado en flagrantes violaciones de derechos humanos y a las leyes mexicanas, en este último caso por haber permitido el operativo Rápido y furioso, por medio del cual Washington introdujo de manera ilegal armas a México.

Padierna dio a conocer que aunque en el Senado se recibieron 24 mil firmas en contra de la designación de Medina Mora, el PRI dice que eso no importa, ya que los ciudadanos no tienen facultades para decidir el voto en el Senado.