Eduardo Medina Mora, quien fue propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto en la terna para elegir ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respondió a los señalamientos de Alejandro Madrazo Lajous, integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien publicó en el portal change.org argumentos para rechazar el arribo al máximo tribunal del embajador de México ante Estados Unidos, negativa a la que se han sumado más de 40 mil personas.

Medina Mora envió una carta de ocho cuartillas dirigida al especialista del CIDE –aunque como responsables aparecen dos personas más–, donde asegura que es falso que mientras él estuvo a cargo de instituciones de seguridad del país, entre 2000 y 2009, la seguridad y la justicia hayan sufrido procesos de descomposición acelerados y notables.

Es falso que ello se deba a mi actuación. Pretender atribuirme parte o toda la descomposición que usted refiere es tendencioso, especulativo y poco escrupuloso. Lo ocurrido en estos años reveló una serie de debilidades estructurales e institucionales que requerían un replanteamiento fundamental, en el que seguimos trabajando a la fecha.

Medina Mora niega ser responsable de graves violaciones a derechos humanos que se habrían cometido durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y en la Procuraduría General de la República (PGR), como se plantea en la petición firmada por Madrazo Lajous.

El investigador del CIDE se refirió a varios casos, como el de las indígenas Alberta Alcántara, Teresa González y Jacinta Francisco, acusadas de haber secuestrado a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, por lo que estuvieron presas más de tres años, aunque fueron liberadas por falta de elementos en su contra. Al respecto, Medina Mora argumentó: Los hechos imputados a las mujeres, los arrestos y las averiguaciones concernientes fueron integradas con anterioridad a mi gestión, y las tres fueron consignadas antes de mi llegada a la PGR. En realidad a mi gestión correspondió la reparación del proceso... Justificó no haber aceptado la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso, pues ya estaba en curso la reparación del proceso.

Al hablar de las acciones de inconstitucionalidad presentadas bajo su gestión en la PGR de diciembre de 2006 a septiembre de 2009 (236), Medina Mora alegó que no se se puede hacer comparaciones con la administración anterior (que presentó 46); no fue activismo.

Sin embargo, no hizo mención alguna a la acción de inconstitucionalidad –que fue rechazada– contra la normativa que otorga derechos a las mujeres al permitir la interrupción legal del embarazo antes de las primeras 12 semanas.

Otro de los señalamientos contra su actuación como procurador fue el llamado Michoacanazo, cuando, antes de los comicios intermedios de 2009, fueron detenidos bajo la figura del arraigo 38 funcionarios estatales y municipales por presuntos nexos con el crimen organizado. De ellos, 37 obtuvieron su libertad. El embajador negó que existieran motivaciones políticas para realizar las detenciones, aunque aceptó que un juzgador federal consideró que no se cubrían los estándares probatorios necesarios para comprobar la responsabilidad de los sujetos.

En los casos de San Salvador Atenco, en mayo de 2006, y el conflicto de Oaxaca, entre 2006 y 2007, cuando Medina Mora era titular de la SSP federal, el aspirante a ministro refirió que en las resoluciones de la SCJN se determinó que no tuvo responsabilidad en la vulneración de garantías individuales. También negó haber desmantelado el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.