México vive la peor crisis de derechos humanos en toda América Latina, aseguró Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).

Al comentar el informe de Juan E. Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, la especialista aseguró que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no puede llamarse sorprendido o alegar desconocimiento por las aseveraciones contenidas en dicho documento, pues desde hace muchos años se han venido denunciado de manera sistemática.

Por el contrario, agregó, el gobierno mexicano debe aceptar y actuar sobre todas las recomendaciones de Naciones Unidas, y esta situación ‘‘debería incitar a las autoridades para hacer frente de una vez por todas a esta práctica repugnante’’.

En teleconferencia desde Ginebra, Suiza, la funcionaria de Amnistía Internacional respaldó plenamente el informe del relator especial, el cual concluye que existe una ‘‘práctica generalizada’’ de tortura y malos tratos por parte de las policías y las fuerzas de seguridad de México, que se da principalmente tras la detención de las personas y en un contexto de impunidad.

Erika Guevara-Rosas criticó la retórica de respeto a los derechos humanos que utiliza el gobierno mexicano en los foros internacionales, pero que no está reflejada en la realidad ni en la vida de los millones de mexicanos que hoy día se ven afectados en sus derechos humanos. ‘‘Esta situación nos preocupa’’, dijo.

Además, señaló que las investigaciones sobre las denuncias de tortura en México están plagadas de defectos. Las directrices internacionalmente acordadas, tales como el Protocolo de Estambul sobre la manera de investigar la tortura, ‘‘son ignoradas rutinariamente y con frecuencia las víctimas tienen que esperar meses o años para ser examinados’’.

Por su parte, Madeleine Penman y Perseo Quiroz, directores de investigación y general de Amnistía Internacional México, respectivamente, así como como Liliana Souza, perito independiente, presentes en la videoconferencia en la ciudad de México, expresaron su preocupación por el intento del gobierno mexicano de minimizar y rechazar este informe, pues el primer paso para resolver el problema es reconocer su magnitud.

Penman señaló que México, como Estado miembro de la Convención Contra la Tortura, tiene la obligación de combatirla y uno de esos compromisos es investigar. ‘‘Si un Estado no quiere tomar el primer paso y reconocer la gravedad del problema, eso es un obstáculo para poder investigarla’’.

Amnistía Internacional pidió al gobierno mexicano que garantice exámenes inmediatos, imparciales y exhaustivos a cualquier persona que alega tortura. También ha pedido a las autoridades aceptar los informes forenses de expertos independientes, como prueba válida en casos judiciales.