En México, la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son ‘‘generalizados’’ y ocurren en un contexto de impunidad, concluyó el informe del relator especial sobre Tortura de Naciones Unidas, Juan E. Méndez.

El reporte señaló que hay evidencias de la ‘‘participación activa’’ de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de ‘‘tolerancia, indiferencia o complicidad’’ por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

Además, el relator expresa su ‘‘extrema preocupación’’ por lo ocurrido en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado, donde autoridades municipales, en colusión con el crimen organizado, desaparecieron forzadamente a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ejecutaron a otros seis, algunos de ellos con claras muestras de torturas, e hirieron a más de 20 personas.

Esta ‘‘inaceptable tragedia’’ constituye un llamado urgente al gobierno de México para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos, dice el informe de 21 páginas, que incluye una larga lista de recomendaciones que empiezan precisamente con ‘‘reconocer públicamente’’ la dimensión de la impunidad y enviar enérgicos mensajes a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que cualquier acción de este tipo será seriamente investigada y castigada conforme a la normativa internacional, constitucional y penal.

Dado a conocer en Ginebra y distribuido de manera simultáneamente en México, el reporte del relator especial –quien visitó México entre el 21 de abril y el 2 de mayo pasados– señala haber recibido ‘‘numerosas denuncias verosímiles’’ de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de la libertad. Pero advierte que es extremadamente difícil conocer las cifras reales de esas denuncias, debido a que no existe actualmente un registro nacional de casos y cada entidad tiene datos propios.

Incluso, señaló que muchos casos ni siquiera se denuncian por temor a represalias o desconfianza, y existe la tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad. Aun así, el número de denuncias y quejas es muy alto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó de 11 mil 608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014. De igual forma, señaló que las salvaguardas son débiles, especialmente para detectar e impedir la tortura en los primeros momentos de la detención y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva.

Y aunque el ‘‘alto número’’ de denuncias es preocupante, al igual que los testimonios, el documento señala que no se reflejan en numerosas investigaciones por tortura y malos tratos, y menos aún en condenas. El gobierno federal informó de sólo cinco sentencias condenatorias de tortura entre 2005 y 2013; dos han quedado firmes e imponen penas de 3 y 37 años, respectivamente. Pero la historia se repite, sin excepción en todas las entidades. ‘‘Esto es signo de preocupante impunidad’’, dice.

Asimismo, señaló que en los casos de tortura –que regularmente se utiliza para extraer confesiones o información incriminatoria del detenido– también hay ‘‘inquietantes coincidencias’’ entre los testimonios recibidos, donde las personas denuncian haber sido detenidas por personas vestidas de civil, que conducen autos no identificados y sin orden judicial alguna, ni informan de los motivos de la detención. ‘‘La aprehensión va acompañada de golpes, insultos y amenazas’’, dice.

En las recomendaciones, se sugiere al gobierno tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos, y garantizar el derecho a una reparación integral.

Finalmente se sugiere la expedición de una ley general que tipifique la tortura en todo el país, eliminar el arraigo, retirar a militares de labores relacionadas con la seguridad pública y garantizar que todas las denuncias sean investigadas.