o es menor, pero tampoco definitivo, el triunfo que en el plano de lo inmediato obtuvo la conjunción de opinión pública, movimientos ciudadanos y partidos opositores al PRI gobernante que ayer consiguieron frenar provisionalmente la pretensión de aprobar a marchas forzadas ciertas reformas a la Ley General de Aguas, que darían paso a más privatizaciones y corrupción.

Además de evidenciar la molestia causada por la posposición de la etapa final de ese proceso de aprobación de la llamada ley Korenfeld (por el primer apellido del director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman, peñista cien por ciento), el sonorense Manlio Fabio Beltrones (jefe máximo de la Cámara de Diputados, a título de presidente de su Junta de Coordinación Política) ha dejado huellas retóricas de la pretensión de rehabilitar dicho intento y purgarle de las presuntas implicaciones de torpeza y politiquería que cree encontrar ahora en el flanco opositor a las reformas aguadas.

Como si solamente se desease eludir el escollo de los tiempos electorales, pero la intención privatizadora siguiera rigurosamente en pie, hizo ruda profesión de fe en el sistema el diputado Beltrones (al que Peña Nieto no ha anunciado adónde enviará cuando termine su gestión en San Lázaro, tal vez al PRI, aunque hay gran reticencia en Los Pinos porque desde la dirigencia de tres colores el sonorense fortalecería su eventual precandidatura presidencial de cada seis años), al anunciar que se suspende indefinidamente el curso de la reforma en materia de aguas, pero no por las razones esgrimidas por los adversarios de esas modificaciones, sino porque estos no han puesto atención a la letra de la iniciativa correspondiente.

Contundente, en espera de que esta vez el peñismo sí le permita a uno de los suyos quedarse con una gubernatura (en este caso la de su tierra natal, Sonora, donde él aparece como figura tutelar de Claudia Pavlovich Arellano), Beltrones evocó el priísmo clásico, descalificador y pendenciero al señalar que con la simple lectura de la iniciativa tan impugnada quedaría claro, a quien no tenga lento aprendizaje, que no se trata de una privatización, sino de una propuesta que, ¡caray!, requete moderniza el asunto ese de las aguas (más moderno sería evitar el uso del concepto de lento aprendizaje como estigma de discapacidad de opositores políticos que tienen argumentos plenos y escuchables sobre un tema en el que los priístas y sus aliados no desean análisis y discusión, sino votación instantánea y con aplanadora).

Se difirió la discusión en la plenaria de los diputados, que al vapor iba a cumplir con la consigna privatizadora, pero Beltrones dijo que se había tomado tal decisión, aunque con distintas expresiones del porqué, para aclarar dudas y acabar con la desinformación que ha hecho que algunos políticos en campaña quieran tomarlo como bandera (¿estará hablando de los verdes y sus cineminutos, de los truhanes de mercadología que se asignan como propios algunos logros que por lo demás son exagerados, efectistas y ajenos?). También habló de ciertos políticos demagógicos que han hablado de la multimencionada privatización. Beltrones hace méritos.

En ese contexto no es dable suponer que se ha tenido una relampagueante victoria definitiva. Todo lo contrario. Las fuerzas e intereses en favor de la privatización afinarán argumentos, simularán aperturas, escucharán para desechar, modificarán lo prescindible y sostendrán lo fundamental, así sea mejor elaborado, con una presentación menos escandalosa y una etiqueta de colores que diga que los opositores fueron atendidos pero las mayorías legislativas sostuvieron en lo esencial lo mismo que hubieran deseado aprobar desde ya, este martes.

Similar esfuerzo en busca de tapar el sol con un dedo demagógico es el que realiza la administración Peña para tratar de desacreditar la redonda descalificación hecha por el relator especial de Naciones Unidos para casos de tortura, Juan Méndez, quien ha puesto en blanco y negro y en documentación oficial lo que en México todo mundo sabe y teme confirmar, es decir, la existencia institucionalizada de la tortura como práctica policiaca en todos los ámbitos, municipales, estatales y federal, y no se diga en instancias militares y marinas.

Así como el recular provisional en el caso de las aguas no reconoce algún grado de veracidad y fundamento a los críticos de la privatización, en el caso de la tortura el gobierno federal priísta prefiere envolverse en la bandera de los detalles a discutir y en una pretenciosidad entre académica y cultural para tirarse por la ladera de los despechos internacionales y jurar con la mano puesta sobre una picana que nomás no hay tortura en este país donde alto y fuerte brilla el sol de la legalidad, como pudo verse, por dar un ejemplo, con partícipes de crímenes en los que había razón de Estado para desentrañarlos con rapidez y precisión, como en el caso de los 43 desaparecidos en Iguala, pues bien se escuchó al licenciado Murillo jurar y perjurar que a los detenidos y testigos se les había tratado con absoluto respeto físico, sin tocarles un pelo, siempre en presencia de funcionarios de derechos humanos. Si eso sucede ejemplarmente en un expediente tan complicado, ¿cómo suponer que a algún policía municipal, estatal o federal se le podría ocurrir golpear, torturar, asesinar o desaparecer a algún ciudadano? ¡Ah, que la ONU tan de lento aprendizaje!

Es más, tan puntual, preciso y respetable fue el trabajo del anterior fabulador general de la República, el cansado Jesús Murillo Karam, que ahora la teleprocuradora, Arely Gómez González Blanco, ha hecho saber que ese guión será respetado tal cual y que las nuevas elaboraciones se realizarán a partir de él, para que la esencia narrativa sea respetada en los foros de rodaje venideros. ¡Hasta mañana!

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