El momento que atraviesa el caso Ayotzinapa plantea una disputa por la verdad histórica entre el colectivo de padres de los 43 estudiantes desaparecidos y el gobierno federal, que pretende cerrar el caso con una teoría endeble, llena de lagunas e inconsistencias y un supuesto móvil inverosímil, asegura en entrevista el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Mario Patrón Sánchez.

Al conjunto de irregularidades se suma una nueva evidencia que los padres de familia presentaron apenas el 11 de febrero ante la Procuraduría General de la República PGR). Días antes, la madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa recibió una llamada desde el número celular que tenía su hijo el día de los hechos en Iguala. La mujer (se reserva su identidad) respondió: ¿Eres tú, hijo?. Se cortó la llamada. Su otro hijo marcó a ese número. Alguien contestó: ¿Qué quieres? Contestó: Saber dónde está mi hermano. Nuevamente colgaron del otro lado de la línea.

Esta evidencia contradice lo que aseguró el ahora ex procurador Jesús Murillo Karam el 26 de enero, cuando informó sin matices y sin mayor precisión que todos los celulares de los normalistas fueron arrojados por los sicarios del grupo Guerreros Unidos a la pira donde, según la versión oficial, se consumieron los restos de los desaparecidos.

El teléfono que el joven hoy desaparecido llevaba esa noche, con el número del que se marcó hace tres semanas, es un teléfono inteligente marca Sony con geolocalizador. La PGR recibió la denuncia, se comprometió a rastrear el origen de la llamada y proporcionar a la familia una sábana de llamadas telefónica. Casi un mes después no ha cumplido.

Lo que deja atrás Murillo Karam

–¿En qué estado dejó Murillo Karam el expediente?

–Murillo deja la crisis de derechos humanos más grave por lo menos en dos décadas en este país y a pesar de tener 99 detenidos no hay ninguno procesado por desaparición forzada. Eso es una estrategia para diluir la responsabilidad del Estado, y procesar sólo por homicidio y delincuencia.

“Deja una teoría de caso montada mediáticamente, pero no en evidencias. Acorralado por las presiones internacionales, el gobierno federal optó por priorizar sus tiempos políticos.

“Frente a esta teoría oficial hay un posicionamiento muy fuerte de las familias, las organizaciones que los acompañamos y peritos independientes, entre ellos el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Este último no desdeña totalmente la teoría de la PGR, pero advierte que no es sólida.

–¿Habrá una definición del móvil del delito? ¿Hasta dónde topará la investigación?

–Hasta ahora el tope de responsabilidades llega solamente al ex presidente municipal José Luis Abarca y a su esposa, a pesar de que en el expediente hay motivos sobrados para profundizar las investigaciones al ex gobernador Ángel Aguirre y al Ejército, simplemente porque es más que lógico pensar que la existencia de los narcomunicipios en Guerrero está vinculado con otro tipo de contubernios más allá del ámbito municipal, que puede ser estatal y hasta federal.

Hemos leído en el expediente declaraciones de miembros de Guerreros Unidos que dicen que el Ejército sabía de la realidad de Iguala y Cocula desde 2013, cuando menos. El Ejército estuvo esa noche en la clínica privada Cristina, de Iguala, donde se refugiaron algunos de los estudiantes que lograron huir. Esa misma noche, poco antes, el comandante del 27 Batallón de Infantería (coronel Juan Antonio Aranda, ya relevado del cargo) estuvo en un acto público con el alcalde. ¿Entonces, si los militares sabían, qué hicieron con esa información? Constitucionalmente el Ejército debió haber dado vista y haber informado a las autoridades civiles, debió haber hecho una investigación propia sobre los hechos. Y hay que decir que se podían haber prevenido.

–¿Y qué perspectivas hay para la nueva titular de la PGR, Arely Gómez?

–A partir de que la PGR dio a conocer su teoría, en enero, hemos visto cómo su empeño ha ido bajando paulatinamente. Han disminuido mucho el número de personas que operativamente a pie de tierra hacen investigación, peritos, agentes del Ministerio Público.

“Además, en el caso no hay un solo plan de búsqueda. ¿Por qué la investigación se radica en la Seido y no en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas a cargo de la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos? Justo porque no es un espacio que tenga una relevancia institucional.

El escrutinio de cinco expertos

En medio de esta disputa por la verdad histórica, cinco penalistas expertos asignados por la Comisión Interamericana iniciaron la semana pasada una revisión exhaustiva de las actuaciones hechas hasta ahora. Patrón Sánchez, primer laico que está al frente el Centro ProDH, fundado por los jesuitas, confía en que la comisión interdisciplinaria que integró la CIDH pueda tender puentes y llegar a la verdad.

Todas las actuaciones de la PGR sobre el caso pasarán por el escrutinio de la comisión de expertos: podrán acceder a todas las investigaciones, las evidencias y los peritajes. Podrán entrevistarse con todos los involucrados, incluidos los 99 detenidos hasta ahora, con los funcionarios, testigos y por supuesto las víctimas. Además, tienen facultades para acudir a los lugares de los hechos y realizar diligencias en su carácter de coadyuvantes. Pueden formular denuncias como expertos y pueden solicitar protección para testigos colaboradores. Tienen un plazo de seis meses prorrogables para presentar su informe final.

–¿Y qué se espera?

–Es una oportunidad de llegar a la verdad en este caso. La expectativa es que ellos puedan construir un puente en esta disputa por la verdad y la justicia.

La versión completa de la entrevista se puede leer en la edición en línea de La Jornada