La aplicación del decálogo propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre pasado para enfrentar los problemas de seguridad y justicia, es aún incipiente.

En algunos puntos el avance o aplicación de los planes es nulo, ya sea por los tiempos marcados por el Congreso de la Unión (algunos temas no se discuten siquiera en comisiones) o por un trabajo lento de la Secretaría de Gobernación (SG) y otras dependencias del gabinete de seguridad.

Por ejemplo, el sistema nacional anticorrupción ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero falta el análisis en el Senado. Mientras, otros proyectos, como el número de emergencias 911 mexicano o la clave de identidad, no reportan avances concretos.

Del teléfono nacional para emergencias, funcionarios de la SG consultados aseguraron que están trabajando en ello, pero el proceso de preparación se encuentra en fase inicial.

En México hay actualmente 227 centros de atención de emergencias, de los cuales 108 están a cargo de autoridades estatales y el resto de municipales.

El responsable del análisis inicial del proyecto, Jorge Carlos Hurtado, titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, advirtió que lo complejo no es elegir un 911 o un 066, sino mejorar los tiempos de respuesta.

Lo importante es garantizar que el ciudadano recibirá una rápida atención; de lo contrario, de nada servirá el 911; sería una burla, comentó a La Jornada.

En cuanto a la clave de identidad, la subsecretaría responsable: Población, Migración y Asuntos Religiosos, está acéfala desde hace dos meses.

La entonces titular del área, Mercedes Guillén (hoy candidata a diputada federal por el PRI), dejó listas las bases del proyecto, considerado asunto de seguridad nacional, para dotar de esta clave a 120 millones de habitantes del país, más aquellos connacionales que radican en el extranjero.

En este contexto, se autorizó para el Registro Nacional de Población un presupuesto de 700 millones de pesos, 500 millones más que lo autorizado en los dos años anteriores.

Los pasos a seguir

El primer paso es el uso de un formato único en todo el país para el acta de nacimiento. El segundo, que la SG habilite un número telefónico para que los mexicanos soliciten ahí su clave de identidad. Hasta ahora no hay noticias respecto de eventuales avances de lo que planteó el Presidente el 5 de enero pasado.

El decálogo fue presentado el 27 de noviembre de 2014, dos meses después de los hechos de Ayotzinapa. El mandatario dijo que el país estaba a prueba, y asumió la responsabilidad de liberar a México de la criminalidad y la corrupción.

Los tres primeros puntos son reformas constitucionales: para expedir la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales; redefinir competencias en combate al delito, y pasar de mil 800 policías de ayuntamientos a 32 corporaciones sólidas, una por cada entidad federativa. Todos los partidos, incluido el PRI, dicen que le harán cambios a las iniciativas del Ejecutivo.

El cuarto tema es el 911 mexicano; el quinto, la clave de identidad. El sexto, el operativo en Tierra Caliente contra el crimen organizado, así como el incremento de las fuerzas federales en Jalisco y Tamaulipas.

El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, comentó al respecto: Todos los puntos del decálogo, sin excepción, se están trabajando. Recordemos que muchos de ellos fueron trámites ante el Congreso, y esperemos que antes de que concluya este periodo ordinario tengamos definiciones.

En seguridad, subrayó, el proceso es de largo plazo; estamos hablando de ocho años.

El séptimo se refiere a varios proyectos para hacer realidad la justicia en el ámbito cotidiano; el siguiente, la aplicación de leyes contra la tortura y la desaparición forzada, y la creación del sistema de búsqueda de personas no localizadas. El noveno es el sistema nacional anticorrupción, y el último la instauración, por parte de la Secretaría de la Función Pública, del portal de provedores.

Ninguno ha sido concretado a más de tres meses de su anuncio.