egún el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, en el dictamen de la reforma a la ley de aguas promovida por el Ejecutivo federal, apoyada por el PRI y el PAN, se introdujo de última hora una modificación que pretende dejar en manos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la definición del porcentaje de participación privada en los proyectos de infraestructura, explotación, distribución, facturación y cobro de agua potable al usuario final, de acuerdo con un reglamento interno al que los legisladores no tienen acceso.

Tal maniobra, característica de la manera en la que han venido siendo aprobadas las distintas reformas regresivas implantadas en lo que va de esta administración, está orientada a dotar a la Conagua de un margen discrecional lo suficientemente amplio para llevar la privatización del líquido vital a sus últimas consecuencias, como ocurre ya en el caso de las industrias eléctrica y petrolífera a raíz de la reforma energética peñista.

Se pretende, en suma, eliminar el sentido social que prima en la legislación nacional vigente en materia de recursos hídricos para convertir su extracción, tratamiento y distribución en un negocio y dejar que sean las lógicas de mercado las que regulen tales actividades.

Si incluso con las leyes en su forma actual existe inequidad manifiesta en el acceso de las personas al agua, la reforma en curso agudizaría, en caso de aprobarse, tal desigualdad y sería, en los hechos, nugatoria del precepto constitucional en el que se establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible (Artículo 4°).

Por añadidura, la adulteración legal que se pretende imponer dejaría en la indefensión a estados, municipios y comunidades en el manejo de los recursos hídricos para favorecer a consorcios privados nacionales y extranjeros, no sólo los dedicados al manejo de aguas, sino también a empresas petroleras –la extracción de hidrocarburos con la técnica conocida como fracking tiene, entre otros muchos inconvenientes, usar y contaminar cantidades ingentes de agua– y a industrias que hacen un empleo intensivo del líquido.

En términos generales, resulta desolador constatar que el grupo en el poder sigue sin comprender los graves desajustes que han provocado las reformas estructurales recientes –los cuales figuran entre las causas de la crisis política, económica e institucional en la que se encuentra sumido el país– y pretende llevar las lógicas de la privatización a prácticamente todas las áreas del quehacer nacional.

Si se busca superar tales crisis, tendría que empezarse por revertir las reformas privatizadoras ya aprobadas y por abandonar las que están en curso de aprobación. Si no se actúa en tal sentido se seguirá exacerbando los conflictos sociales, la ingobernabilidad que ya se manifiesta en diversas zonas del país y el desajuste nacional en el que se encuentra México.