on alevosía y ventaja, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue preparando a lo largo de 2014 las condiciones para despojar de sus derechos a centenares de miles de agricultores y dejar el camino libre a empresas particulares que harán buen negocio con ese servicio. Para cumplir con ese proyecto privatizador, el órgano administrativo desconcentrado que dirige David Korenfeld Federman contrató a compañías que desplegaron brigadas por todo el país para verificar la situación material y jurídica de unos 450 mil predios donde hasta ahora se había aprovechado el agua mediante concesiones otorgadas y renovadas con simpleza y sin trampas. Ahora, la gran mayoría de esos concesionarios de buena fe están en riesgo de ser dictaminados negativamente (pues tal era el sentido indicado a los verificadores), por lo cual tendrán que arreglarse más adelante con las grandes firmas que calculadamente se quedarán con el negocio del agua (un adelanto de este tema se publicó aquí el 3 de diciembre del año pasado, con un sumario que advertía ¡Aguas con Conagua! http://bit.ly/12nlonE).

Uno de esos pequeños agricultores despojados de su concesión histórica de agua relató a esta columna que los verificadores privados (no empleados directos de Conagua, sino contratados por ésta) se valían de todo para fundamentar sus reportes negativos. Si una bomba extractora de agua tenía en su cercanía una poca de maleza porque en meses previos no se había utilizado, en razón de los calendarios de siembra y cosecha, el verificador tomaba fotografías y anotaba tal hecho como prueba de abandono. Si el campesino no tenía a la mano en lo inmediato los documentos que probaran sus derechos, se le invitaba a no preocuparse y a presentarlos en otra ocasión, aunque el reporte oficial iría en el sentido de que se carecía de tales documentos.

Según esa fuente, el agricultor (cuyo nombre y datos fueron proporcionados a plena satisfacción del tecleador, pero no se publicarán) y algunos de sus vecinos decidieron encarar a los verificadores para exigir que les dijeran de qué se trataban esas diligencias. Se los quieren chingar, acabaron confesando los visitadores, les quieren quitar las concesiones con cualquier pretexto. Las instrucciones de sus empleadores iban en el sentido de encontrar motivos para cancelar esas concesiones individuales en el mayor número posible y renovar lo menos que se pudiera. Incluso se instaló una figura jurídica precaria, pues en lugar de los títulos de concesión se les dejó a esos pequeños productores una constancia de registro de obra de alumbramiento, que para efectos de eventuales litigios no reconoce derechos plenos y verdaderos a quienes antes tenían un título más defendible.

El director de Conagua es un hombre de todas las confianzas de Enrique Peña Nieto. Korenfeld Federman fue presidente municipal del rico municipio mexiquense de Huixquilucan, integrado a la zona metropolitana de la ciudad de México, y secretario del agua y obra pública en el gobierno del estado de México, con Peña Nieto como gobernador. Cuando éste fue declarado ganador de los comicios presidenciales, en 2012, lo nombró coordinador de agua en el equipo de transición.

La hora de los grandes negocios privados en materia de agua habrá llegado si prospera la pretensión priísta-peñista de aprobar esta semana en la Cámara de Diputados un dictamen ya votado por mayoría a favor en las comisiones respectivas, a pesar de la encendida oposición de representantes de PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, frente legislativo circunstancial que se manifestará activamente (incluso con una anunciada posibilidad de toma de tribuna) en contra de la intención de dar el sí definitivo a esas reformas a la Ley General de Aguas.

El dictamen en mención, aprobado entre tropezones procesales y por mayoriteo irreflexivo que delata el carácter de consigna de origen superior, cerrará parte del círculo de despojo a concesionarios individuales y la cesión a grandes empresas particulares preparadas con toda anticipación para entrarle al negocio hídrico. Con estos arreglos jurídicos a conveniencia de los empresarios porcentualmente aliados, el peñismo no sólo afectará el interés de campesinos, pequeños propietarios y agricultores en general, sino el de todos los mexicanos que de golpe quedarán desposeídos del derecho humano al agua, consignado (como muchos otros derechos sabiamente consignados en nuestra Carta Magna pero absolutamente incumplidos en la práctica) en el artículo cuarto de la Constitución vigente (http://bit.ly/1E4n8Rg).

Además de promover abiertamente la privatización del agua, en una maniobra con tufo a corrupción (tráfico de concesiones en favor de firmas particulares) e inequívoca falta de sentido social, los cambios a la ley correspondiente servirán para maniobras en todo el país como la que podría suceder al legalizar el trasvase del proyecto Acueducto Monterrey-VI, donde las empresas del grupo Higa participan con casi 60 por ciento del contrato para un acueducto en el que por primera vez un grupo privado participa de manera directa en el uso de una cuenca para el suministro de agua potable, que tendrá un costo de más de 45 mil millones de pesos, según el diputado de Morena Manuel Huerta, mencionado en una nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez en La Jornada.

Otro diputado, Miguel Alonso Raya, del PRD, advirtió otra vertiente sumamente peligrosa de lo que se quiere aprobar esta semana: “Quienes pretendan, por ejemplo, explotar el gas shale con la cuestionada práctica del fracking, podrán usar agua incluso de otras cuencas sin importar los perjuicios que en todos los órdenes ocasionarían tanto a la cuenca de la cual extraen el líquido como en la que apliquen esta técnica”. Ya fue el petróleo y los energéticos en general. Ahora van por el agua.

Y, mientras Mancera responde a las acusaciones de ecocidio (800 árboles talados) en Río Mixcoac y Universidad, en aras de mejorar vialidades, ¡hasta mañana, con 13 policías federales detenidos en Tamaulipas bajo acusación de ser secuestradores!

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