Javier Barros Sierra se le reconoce su vida, pero sobre todo su clara postura de defensa de la autonomía frente a un gobierno incapaz de dialogar con quien protesta y critica. La censura histórica, sin embargo, gusta de ver a la autonomía sin referirse al hecho de que el concepto y su historia latinoamericana de más de un siglo una y otra vez han sido de una lucha constante por preservar la potencialidad que tiene la educación –como espacio de maestros y estudiantes trabajando el conocimiento– de ver al país y sus necesidades de manera independiente del Estado y de los grandes empresarios. Es más cómodo ver a la autonomía como algo etéreo, un concepto intangible o un valor que los universitarios guardan en sus corazones. Decía la ANUIES, por ejemplo, que la autonomía ocupa un lugar sustantivo en la escala de valores de las instituciones de educación superior públicas mexicanas (2000: 139). Incluso se la define como la defensa de la institución frente a intereses externos que amenazan a un orden interno ya perfectamente organizado en torno al poder de funcionarios. En realidad, la autonomía ha sido una lucha constante por la independencia del conocimiento. Lucha que, por cierto, en México ha sido especialmente reprimida y hasta sangrienta. Es un rastro de represión que viene desde 1929, pasa por el 68 y llega hasta 2014, cuando se castiga a una normal (Ayotzinapa), en el fondo porque es vista como fuera de la norma. Se reprime en realidad el derecho a tener una visión distinta a la oficial y empresarial del país, a materializarla en su institución y, por supuesto –como lo garantiza la Constitución–, a movilizarse a partir de ella.

La censura histórica se transforma en autocensura cotidiana cuando las instituciones y los universitarios interiorizan la noción de que es mejor no hablar, no criticar, dedicarse a una formación acrítica e inocua de los futuros profesionistas. Esto es algo que ha tenido consecuencias muy graves para la nación. La principal es el persistente silencio. Más de 200 instituciones de educación superior pública y decenas de miles de profesores-investigadores de tiempo completo que la nación paga, junto con millones de estudiantes que se dedican a aprenden e investigar sobre una amplia variedad de temas, pero que, sin embargo, por lo general guardan un respetuoso y distante silencio frente a los que organizan y conducen la sociedad. De ahí que la problemática ecológica, la economía, la infraestructura, el agua, la situación del campo, y la educación y la salud, entre otras muchas, no aparecen como sistemáticamente problematizadas ni en el sistema educativo ni en las universidades. Se estudian muchas veces como monolitos de datos y conceptos que deben aprenderse, pero no como situaciones cuyas dinámicas fundamentales están al alcance del conocimiento, y éste puede decisivamente contribuir a modificarlas. Una especie de pedagogía del silencio obliga a no llevar el análisis hasta donde están sus núcleos fundamentales políticos y sociales y esta manera de ver las cosas subsiste casi clandestinamente y sólo florece –explosiva– en los momentos de intensa contradicción entre la universidad y el Estado. No forma parte del diálogo indispensable entre la sociedad y el Estado y la universidad no contribuye entonces a establecer canales de crítica sistemática y fundada que sean parte institucional –e indispensable– de la vida de un país. El país entonces vive entre la sujeción, el silencio y, por otro lado, la explosión y el desafío frontal.

En un contexto así, el financiamiento es clave. Porque es el principal canal de comunicación entre el Estado y la universidad. Cuando ocurre una reducción para los jóvenes representa un mensaje desde el poder que es difícil de aceptar, y que confirma sus temores sobre la intencionalidad de la acción del Estado. Se lastima lo que para muchos es la posibilidad única de futuro, la educación, y la única defensa que sienten que tienen es precisamente la autonomía. El recorte es una expresión de que ésta no está siendo valorada. Por eso cuando recientemente se anunció que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) sólo recibiría 3.8 de incremento presupuestal por parte de la ALDF hubo inquietud (el año anterior el aumento había sido de 36 por ciento). Cuando, poco más tarde, el GDF informó que los 150 millones del subsidio federal correspondientes a 2015 no serían entregados a la UACM como fondos adicionales (tal como sí ocurrió el año pasado) sino contabilizados como parte de los reducidos recursos que ya otorga la asamblea, la reacción ha sido de fuerte molestia y el Consejo Universitario está convocando a la movilización para rechazar esta última acción.

En uno más de los muchos episodios de la relación entre la autonomía y el Estado, vuelve a plantearse una vez más la necesidad de que no se reduzcan los fondos para la educación –en este caso para la UACM– y que se establezcan parámetros muy claros y favorables al desarrollo de la educación. México no puede seguir siendo uno de los países y una de las ciudades latinoamericanas con más baja cobertura en la educación superior.

* Rector de la UACM