xiste la pretensión, en la Cámara de Diputados, de avalar una iniciativa de Ley General de Aguas que terminaría, en los hechos, con la potestad gubernamental sobre la distribución del vital líquido y que representaría un atentado contra el abastecimiento mínimo de agua por parte del Estado a la población. Entre otras cosas, el citado dictamen elimina de manera subrepticia la garantía de 50 litros de agua por individuo –cantidad considerada en el marco normativo de la Organización Mundial de la Salud– y da margen a prácticas cuestionadas y desacreditadas por ambientalistas y expertos, como el llamado fracking.
Es inevitable percibir dicha iniciativa como una más de las puntas de lanza del empeño de los gobiernos neoliberales y los poderes fácticos por trasladar los recursos naturales y los servicios públicos a manos de empresas privadas, particularmente las extranjeras, con argumentos similares a los empleados por los promotores de la privatización petrolera: la supuesta inoperancia técnica, administrativa y financiera de los organismos públicos encargados de manejar tales recursos y servicios.
En el caso de la Ley General de Aguas, la pretensión de permitir el ingreso del sector privado a las tareas de manejo, administración y distribución de los recursos hídricos es del todo improcedente y peligrosa, por cuanto esas actividades constituyen un asunto de la mayor importancia social, económica, sanitaria y hasta de seguridad nacional, y atentan directamente contra un derecho humano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas.
Por si fuera poco, la referida iniciativa –que se prevé sea votada el martes en San Lázaro– abriría un nuevo frente de ingobernabilidad y desarticulación nacional. Es inevitable suponer que la imposición de los criterios mercantiles en el acceso de las personas al vital líquido derivaría en escenarios similares a los que se han configurado a raíz de otros procesos privatizadores del agua en el mundo: lejos de contribuir a garantizar el acceso universal al líquido, la aprobación de la referida ley acabaría por entregar los recursos hídricos a corporaciones trasnacionales caracterizadas por incurrir en prácticas depredadoras, abusivas y generadoras de descontentos sociales. Un precedente ineludible es la guerra del agua en Cochabamba, una serie de protestas realizadas en esa ciudad boliviana entre enero y abril de 2000 a raíz de la decisión gubernamental de concesionar por 40 años el sistema de agua de aquella región a la trasnacional Agua del Tunari. El episodio derivó en una brutal represión policial que arrojó un saldo de un muerto, medio centenar de heridos y decenas de detenidos.
El reconocimiento del derecho humano al agua es un paso imprescindible del proceso civilizatorio. La intención de entregar ese recurso a particulares es, por contraste, un atentado al sentido común y a la viabilidad misma de la especie humana. Los legisladores responsables de analizar y avalar el dictamen comentado debieran cobrar conciencia de que la privatización del vital líquido sumaría un nuevo factor de división e inconformidad al panorama político y social del país.
