e acuerdo con un reporte elaborado con datos de la Bolsa Mexicana de Valores, las utilidades de las principales empresas del país en el último trimestre de 2014 cayeron 41 por ciento con respecto al mismo periodo de 2013; según ese documento, de las 41 compañías que encabezan el mercado nacional bursátil sólo 17 reportaron utilidades y 23 sufrieron pérdidas, en algunos casos superiores a 700 por ciento. El fenómeno, atribuido a la debilidad del mercado interno y la depreciación del tipo de cambio, coincide en el tiempo con un marcado desplome del peso frente al dólar: ayer mismo, la divisa nacional llegó a 15.53 unidades por dólar, su peor cotización en seis años.

Hay, por otra parte, una marcada erosión en la confianza del empresariado, como indica la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ilustrativos de esa desconfianza son los señalamientos críticos formulados por el presidente honorario del consejo de administración de Banamex, Alfredo Harp Helú, vertidos ayer, en el sentido de que es muy grave la decisión del régimen fiscal aplicable a las empresas y de que el país enfrenta una crisis que preocupa socialmente.

Así pues, las dificultades económicas que enfrenta el país y que se verán agravadas con próximos recortes del gasto público –los anunció el miércoles, desde Londres, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray– marcan una realidad muy distante del optimismo prevaleciente en el discurso oficial y ponen en relieve los efectos nocivos del modelo impuesto hace casi tres décadas y que hoy, a la vista de los resultados, resulta indefendible. Los efectos desastrosos de esa orientación, que ha afectado principalmente a los sectores más desfavorecidos, han terminado por dañar al empresariado y al sector financiero.

La misma discordancia entre realidades y palabras gubernamentales puede observarse en materia de seguridad. El pasado miércoles, apenas unas horas después de que el gobierno federal dio a conocer la detención de Servando Gómez Martínez, La Tuta, un grupo de sicarios asesinó al contralmirante José Luis Corro Chávez, capitán del puerto de Lázaro Cárdenas, en la zona centro de esa localidad michoacana. Además de desmentir la apreciación oficial de Michoacán como una entidad pacificada, el condenable crimen referido resulta deses-peranzador para la población en general: si la delincuencia organizada puede abatir a plena luz del día a un alto mando militar, ya puede inferirse el grado de indefensión en que se encuentra cualquier ciudadano de a pie ante las bandas delictivas.

Si a la crisis económica manifiesta y al persistente deterioro de la seguridad pública se les suma el panorama político incierto y el entramado institucional desgastado –vaya, como botón de muestra de lo segundo, la descomposición que experimenta el Instituto Nacional Electoral a menos de un año de su fundación–, hay sobrados y alarmantes motivos para concluir que el país enfrenta la perspectiva de un descalabro nacional de grandes proporciones. El inmovilismo, la autocomplacencia y la negación ante señales de desastre como las referidas conllevan una actitud irresponsable que debe ser corregida con urgencia; con la misma urgencia con la que debe emprenderse un viraje profundo en lo político y en lo económico.