omala, el lugar que llevó a la posteridad el escritor mexicano Juan Rulfo en su reconocida novela Pedro Páramo, es, desde 2013, escenario de despojo. Oro, plata y cobre pretende sacar de ahí la empresa Gabfer, encabezada por Rigoberto Verduzco Rodríguez. Los nahuas, habitantes originarios, ponen el cuerpo para defender sus tierras y manantiales en este municipio de Colima, uno de los estados más pequeños de México, pero el que proporcionalmente tiene más concesiones sobre su territorio.

Rodríguez Verduzco, propietario de Autobaños Rodríguez, es el principal impulsor de este proyecto minero a cielo abierto que ha dividido a la comunidad de Zacualpan, donde pretende instalarse. Desde 2013, el empresario local empezó a ofrecer 15 mil pesos a cada uno de los 305 propietarios para que aceptaran el proyecto. La ruptura del tejido comunitario ha sido la consecuencia de esta estrategia, y la división, sin duda, siembra además mayor violencia en la zona. La empresa pretende construir la mina a un kilómetro del manantial de agua que abastece a la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, lo que implicaría la contaminación del ojo de agua en la zona conocida como Cerro Gordo, que es importante desde el punto de vista biológico y geológico y donde hay gran cantidad de especies en peligro de extinción.

En días recientes, en alianza con las policías Federal y estatal, la empresa organizó un bloqueo al manantial Ojo de Agua. En este contexto, se organizó una misión nacional e internacional de observación, que el pasado 1º de marzo intentó entrar a Zacualpan con la intención de reunirse con representantes de la comunidad para buscar soluciones al conflicto, pero unos 200 policías les bloquearon el acceso, provocando mayor tensión de la existente. La militarización de la zona para imponer la mina es otra de las estrategias denunciadas.

En su informe, la Misión de Observación advierte que la política entreguista y de despojo genera que 44 por ciento del estado de Colima haya sido entregado en concesión a diferentes promoventes de empresas privadas de capital nacional y extranjero, lo cual hace que Colima ocupe el deshonroso primer lugar nacional en territorio concesionado. En Colima prevalece el contubernio, la impunidad, la falta de procuración de justicia, la violación a los derechos humanos y la discriminación a los pueblos indígenas por parte del gobierno del estado y federal, además de la criminalización, persecución y amenazas contra las y los defensores de los derechos humanos, concluye el informe.

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