La Ley General de Transparencia, que actualmente se discute en el Senado, debe incluir al sector energético a fin de fortalecer el escrutinio público y la rendición de cuentas, se dijo en el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

Esperamos una ley general de vanguardia, dijo el comisionado Francisco Javier Acuña, mientras que Joel Salas, otro de los comisionados, recordó que desde 2012 el Estado mexicano se comprometió a suscribir la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas, en el contexto de la Alianza para el Gobierno Abierto, instancia que actualmente dirige el presidente Enrique Peña Nieto.

Dijo que múltiples organizaciones de la sociedad, entre ellas también Transparencia Mexicana y Fundar, ratificaron ese compromiso contemplado en el número 22 del plan de acción de dicha alianza –identificado como Petróleo en Beneficio para Todos–, y que indica: Promover mayor transparencia y mejor rendición de cuentas en el sector de hidrocarburos, de tal forma que los ingresos provenientes de estos recursos sean utilizados para la inversión en salud, educación, infraestructura y protección social, entre otros; en suma, para promover el desarrollo y el bienestar social.

Señaló que otro de los compromisos asumidos fue el de buscar como mínimo publicar contratos firmados con las empresas extractivas, asegurar que las agencias regulatorias y ministerios publiquen informes oportunos y completos sobre sus operaciones, incluyendo los ingresos y proyectos y aplicar normas de transparencia y rendición de cuentas a las empresas que son propiedad del Estado y a los fondos de recursos naturales.

Varios comisionados del Ifai han expresado su preocupación por una serie de propuestas presentadas por PRI y PVEM en la Cámara de Senadores, que representarían una regresión en materia de transparencia.

El tema de la Ley General de Transparencia llegó al Ifai, derivado del análisis de un recurso de revisión en contra de Pemex-Exploración y Producción-Refinación, en el que el pleno del instituto resolvió –a propuesta del comisionado ponente Francisco Javier Acuña– instruir al sujeto obligado a entregar la información que indebidamente negó al solicitante, respecto de las excavaciones de pozos –de petróleo y gas– en varios propiedades del estado de Tamaulipas, así como los cheques expedidos para su ejecución entre 2007 y 2014.