El PRD en la Cámara de Diputados presentó ayer su iniciativa para constituir un sistema nacional anticorrupción, que sea conducido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con atribuciones de fiscalización y combate a la corrupción, e integrar un tribunal de cuentas.

En conferencia de prensa, el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, explicó que en la propuesta se resalta que la corrupción y la impunidad son dos de los principales problemas del país y constituyen una enfermedad terminal del sistema político, que antes de desaparecer, se multiplica.

Señaló que la iniciativa perredista contrasta con la presentada por el PRI en la definición de que el órgano anticorrupción no puede depender del presidente de la República y difiere de la del PAN, que pretende revivir a toda costa a la Secretaría de la Función Pública, cuando ésta ha demostrado su ineficacia.

El documento, que será presentado en la sesión de hoy, también considera que debe incluirse un cambio en el estatus del Presidente que, conforme a la Constitución, sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos del fuero común.

Goza de una protección ominosa que redunda en la impunidad al cometer cualquier otra falta, por más grave que pudiera ser. Por eso planteamos que se le considere expresamente en su función como servidor público y pueda ser acusado por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales, delitos de corrupción y graves del orden común, explica.

Además, propone que el Poder Legislativo sea reconocido como órgano de control del Ejecutivo federal y de los gobernadores, y que la supervisión esté a cargo de la ASF con facultades para conocer de actos de corrupción de funcionarios y de particulares.

También, que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de corrupción con mayor fuerza y contundencia y para ello expida una ley general de responsabilidades administrativas en la materia y sobre delitos cometidos por funcionarios y particulares.

Entre las medidas que propone el PRD está la de adicionar el artículo 22 de la Constitución, para que la extinción de dominio proceda también contra delitos cometidos por servidores públicos, corrupción, enriquecimiento ilícito e inexplicable.