Después de la aprehensión de un hombre que podría estar involucrado en el asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, el grupo paramilitar del cual forma parte el acusado amenazó a dos testigos de los hechos y ha creado un ambiente de intimidación hacia los defensores de las víctimas, sus familiares y los jueces que llevan el caso, denunció la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

En conferencia de prensa, el colectivo subrayó que aunque el gobierno federal conoce esta situación, no ha brindado ningún tipo de seguridad a los afectados, lo cual deja ver una actitud cómplice con los supuestos asesinos de ambos luchadores sociales para dejar el crimen en la impunidad, por lo que se verá obligado a pedirle al gobierno de Finlandia que otorgue refugio a las testigos.

David Peña y Karla Michel Salas, integrantes de la ANAD, explicaron que el pasado 20 de enero se detuvo a Elías Cruz Merino, una de las 11 personas acusadas de participar en el asesinato de Cariño y Jaakkola, ocurrido el 27 de abril de 2010, cuando ambos participaban en una caravana humanitaria hacia la comunidad indígena de San Juan Copala, Oaxaca.

Después de la aprehensión de Cruz Merino, la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) –a la cual pertenece el sospechoso– ha generado un clima de intimidación contra dos testigos del homicidio para obligarlas a retirar su demanda en contra del detenido, el juez que lleva el caso, el fiscal y los abogados de las víctimas.