e ha sostenido que, tras la derrota de su partido en las elecciones de medio término y de cara a los dos últimos años de su mandato, el presidente Obama decidió utilizar su iniciativa de presupuesto federal para el año fiscal 2016 –inscrita en un horizonte de largo plazo: un decenio– para definir los términos del debate en la campaña presidencial de 2017 y, de ser posible, imprimir una marca duradera en la orientación y contenido de la política económica de su país. El proyecto refleja las preferencias y prioridades presidenciales, sin mostrar gran preocupación por la escasa viabilidad de que el Congreso, con ambas cámaras dominadas ahora por el partido opositor, lo vea con buenos ojos, para no hablar de que lo apruebe. Dada la clara orientación redistributiva del gasto y el carácter progresivo de las modificaciones impositivas incorporadas al proyecto, que intenta revertir la tendencia hacia una mayor desigualdad –evidente en lo que va del siglo y agudizada en lo que va del decenio–, se ha dicho también que, al formular tal proyecto, el presidente había vivido su momento Piketty.

De hecho, este espíritu redistributivo, igualitario, del proyecto de presupuesto, es conocido desde el informe anual del presidente, el 20 de enero. Rompe con el extendido y característico rechazo neoliberal a usar las políticas impositivas y de gasto público como herramientas deliberadas de desarrollo y bienestar social. Marca, en este sentido, un momento de transición, semejante, de alguna manera, al New Deal rooseveltiano, tres decenios después de que Reagan y Thatcher inclinaron el eje de la Tierra varios grados a la derecha. En el proyecto presupuestal de Obama el acento se coloca, del lado del gasto, en su carácter redistributivo, orientado a contrarrestar el avance de la desigualdad, y del lado del ingreso, en la progresividad de las modificaciones y adiciones a diversas disposiciones tributarias. Ambas se englobaron en el eslogan, un tanto ambiguo, de economía de la clase media, más que economía de las élites.

La intencionalidad central del proyecto, dado a conocer el 2 de febrero, se subraya de forma inequívoca en la forma en que se presenta en el portal de la oficina del presidente (www.whitehouse.gov).

El gasto previsto alcanza un total del orden de 4.1 billones de dólares, del que corresponde a defensa 15 por ciento del total. Se priorizan tres destinos con alto impacto redistributivo: a) los gastos de salud, en especial Medicare, Medicaid y seguro de salud, con 27 por ciento; b) seguridad social y pensiones, con 23 por ciento, y c) programas de apoyo a la seguridad de la economía y el ingreso de las familias, incluyendo atención infantil, adquisición de vivienda y seguro de desempleo, con 13 por ciento. Estos gastos de orientación redistributiva absorberían dos tercios del total. Se propone también elevar hasta 3 mil dólares el crédito fiscal por cada hijo menor, ampliar la asistencia a salud infantil para familias de ingreso bajo y universalizar la educación prescolar, así como fomentar la calidad y cobertura de la educación elemental, aumentar la ayuda a los alumnos con desventaja y a las escuelas que los atienden. También en el ramo educativo se prevé, para mejorar la calidad y cobertura de la educación media y superior, reducir, hasta eliminarlas, las colegiaturas en los community colleges, y extender a los dos primeros años de college la gratuidad y cobertura universal. En otras áreas se proyecta financiar una red de 45 institutos federales de manufacturas, para acelerar la creación de empleos y el avance técnico en la industria, fomentar las inversiones en innovación industrial y desarrollo científico y tecnológico, así como construir y rehabilitar la infraestructura para el siglo XXI.

Del lado del ingreso, el proyecto prevé corregir resquicios fiscales que gravan la inversión interna y alientan la retención de utilidades en el exterior, al tiempo que perpetúan la desigualdad al permitir que el uno por ciento más alto de los estadunidenses no pague impuesto alguno sobre su riqueza acumulada. Se propone también una reforma de la fiscalidad que tenga como núcleo la ayuda a las familias trabajadoras, la educación y el cuidado de sus hijos, así como los planes de retiro y, sobre todo, actúe como impulso de la nueva economía.

En este contexto, se prevé, entre otras acciones, que: a) se eleve de 20 a 24.2 por ciento la tasa máxima del impuesto a las ganancias de capital de largo plazo; b) se ajusten o restablezcan los impuestos sobre otras formas de ganancias de capital, como las vinculadas a herencias y legados, y c) se eleve en 7 puntos básicos (0.07 por ciento) la tasa de impuesto sobre las obligaciones de empresas financieras con activos superiores a 50 mil millones de dólares. Precisamente el tipo de gravámenes que Piketty propone establecer o elevar para abatir la desigualdad.

En un análisis independiente de las reformas tributarias contenidas en el proyecto de presupuesto se muestra su clara intención redistributiva y correctora de la desigualdad. Este estudio ofrece la siguiente conclusión: “El proyecto de reforma impositiva del presidente incluye exenciones nuevas o ampliadas que se dirigen a las familias de ingresos bajos o medios, al tiempo que la recaudación que compensa su costo se obtiene de las familias de ingresos más altos. Los que se benefician superan en proporción de siete a uno a los afectados. Alrededor de 30 por ciento de los causantes pagará menores impuestos sobre la renta, mientras que alrededor de 4 por ciento pagará más. Las reformas al impuesto al ingreso afectan sobre todo a quienes reciben ingresos muy altos o poseen montos importantes de activos de capital […] Con la propuesta el uno por ciento superior pagará impuestos al ingreso adicionales por 156 mil dólares y, si se incluye el efecto del nuevo impuesto sobre las grandes corporaciones financieras, por 168 mil dólares (“Distributional effects of the President’s new tax proposals”, Tax Policy Center, Brookings Institution, Washington, www.taxpolicycenter.org).

Como han concluido diversos analistas, aunque las propuestas del presidente Obama, tanto las referidas a la orientación del gasto federal como, sobre todo, las relacionadas con impuestos, no tengan posibilidad de ser aprobadas en el Congreso, tras decenios de indiferencia ante la creciente concentración de la riqueza, constituyen un parteaguas histórico en el debate político de la función del gobierno en el fomento de la economía, la distribución del ingreso y el combate a la desigualdad.