El consejero jurídico, José Ramón Amieva, reiteró que Héctor Hernández Llamas, subsecretario de Asuntos Metropolitanos de la Secretaría de Gobierno en la gestión de Marcelo Ebrard Casaubon no tenía ni las facultades ni el esquema de responsabilidad para admitir a trámite el pago de 25 millones de pesos por las expropiaciones de la tierra del ejido Culhuacán, donde se construyeron dos estaciones de la línea 12 del Metro.

Puntualizó que puede haber muchos documentos, pero no hay ninguno que determine administrativa o judicialmente este pago.

Entrevistado al término de la entrega de tarjetas del programa Más becas, mejor educación, realizado en el Bosque de Chapultepec, Amieva detalló que se cuenta con los decretos expropiatorios de esos terrenos: el primero con fecha de octubre de 1938; el segundo, agosto de 1965, y los correspondientes a la línea 12. Así como con el antecedente del pago que se hizo, y por lo tanto son propiedad del Gobierno del Distrito Federal.

Comentó que ayer se presentó una demanda civil ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que la empresa Gas Express Nieto pague todos los daños que generó la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, no sólo en el nosocomio, sino también sitios aledaños, como el mercado.