El gobierno tiene la obligación ante los ciudadanos de deslindar responsabilidades de los integrantes del 27 batallón de infantería (perteneciente a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Guerrero) que desoyeron el llamado de auxilio de los normalistas de Ayotzinapa, señalaron diputados federales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados; Roberto López Suárez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la bancada del sol azteca, y Ricardo Mejía Berdeja, miembro de la comisión especial encargada de investigar los sucesos en Iguala, afirmaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) tenía conocimiento desde junio pasado de los vínculos entre el ex alcalde José Luis Abarca y la delincuencia organizada.

Desde aquel mes la Procuraduría de Justicia de Guerrero pidió la consignación de José Luis Abarca a la Seido, y ésta no atendió la solicitud. En Iguala hay una delegación de la PGR, se encuentra instalado el 27 batallón de infantería, se encuentra desplegado un grupo de la Policía Federal y también opera una base de la policía estatal. ¿Que no se dieron cuenta de lo que venía sucediendo con el cementerio clandestino? ¿Ninguna de esas instancias pudo intervenir en la aprehensión del ex alcalde, cuando se conocían de sobra sus vínculos con la delincuencia organizada?, cuestionó Alonso Raya.

Con dureza, López Suárez reprochó: ¿Cómo es posible que un batallón de infantería, que además tiene inteligencia miliar y está destacado para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, no supiera de las actividades que ahí ocurrían?

Aparte, el coordinador de los senadores del sol azteca, Miguel Barbosa, consideró obligado que algunos dirigentes nacionales de su partido comparezcan ante las autoridades y declaren todo lo que saben sobre Abarca.

Demandó que se investigue por qué los Berumen, dueños de una importante empresa de grúas, brindaron apoyo a Abarca y a su esposa, María de los Angeles Pineda, en su evasión de la justicia.

La senadora Dolores Padierna demandó que aquel que tenga algo que aportar en este caso y ayude a la investigación lo presente, luego de estimar que algunos dirigentes de su partido pueden tener información al respecto.

La corriente Nueva Izquierda, a la que pertenece el presidente nacional perredista, Carlos Navarrete, aseguró que asume la responsabilidad política de haber postulado a Abarca a la alcaldía de Iguala, pero no de los ilícitos cometidos por éste.