Despacho de abogados abandona el fideicomiso que administraba su mantenimiento
El gobierno de Jalisco dejó de aportar al fondo en agosto
El proyecto costó casi 1,400 millones de pesos; una parte son ahorros de burócratas
Sus 650 departamentos, invendibles
Les prometieron garantizar precio de 4 mil 100 pesos por tonelada
Protestas en Zacatecas, Sinaloa y Jalisco; señalan irregularidades y exigen no ser fichados
Dirigente sindical y CNDH imputan omisiones a la procuraduría
Tres policías municipales de San Ignacio Río Muerto, en el sur de Sonora, fueron asesinados por un grupo armado en el poblado Bahía de Lobos la madrugada de ayer, informó la Policía Estatal Investigadora.
Petróleos Mexicanos informó que una toma clandestina provocó dos derrames de gasolina en el poliducto Minatitlán-Villahermosa, en Tabasco. Detalló que las fugas (ya controladas) se detectaron en la ranchería San Fernando y en San Miguel Zapotal, municipio de Huimanguillo. En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, agentes de la Procuraduría General de la Republica, apoyados por personal de la Agencia de Investigación Criminal, peritos y policías estatales, confiscaron 50 mil litros de diésel, cinco vehículos, mangueras y cisternas.
Naucalpan, Méx., El cabildo local aprobó por unanimidad desincorporar cinco hectáreas del poblado de Santiago Occipaco y donarlas a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para la construcción del campus Naucalpan. El alcalde, David Sánchez Guevara, argumentó que en el municipio sólo existe la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y únicamente 5 por ciento de los jóvenes de esta localidad que concluyen el bachillerato ingresan a dicho centro de la Universidad Nacional Autónoma de México. La legislatura local aún deberá analizar y aprobar la desincorporación.
Oaxaca, Oax., Juan Rosas Herrera, dirigente del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca sufrió un atentado cuando laboraba en las oficinas sindicales, ubicadas en la unidad Primero de Mayo del Infonavit, en el norte de la ciudad. El afectado narró que desconocidos balearon su camioneta, estacionada frente al edificio. Comentó que hace dos meses recibió una llamada amenazante. Pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado investigar el origen del ataque y detener a los responsables.
Detienen a tres personas tras quema de vehículos y enfrentamiento, en Cuautitlán Izcalli
Desbordamientos en Durango y Colima; pronostican más aguaceros
Toluca, Méx., Los ocho comuneros de San Francisco Xochicuautla que se oponen a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, detenidos el lunes por la policía estatal cuando exigían a trabajadores de la empresa Autovan que salieran de sus predios, recuperaron ayer su libertad y junto con vecinos de la localidad, defensores de derechos humanos y ambientalistas se plantaron frente al palacio de gobierno estatal para exigir al gobernador Eruviel Ávila la cancelación de la vía, que pasará por su pueblo y, aseguran, dañará irreversiblemente el área natural protegida Bosque de Agua, en la parte alta del municipio de Lerma. Los campesinos, entre ellos dos ancianas, deberán acudir cada 15 días al Ministerio Público, pues aún se integra una carpeta de investigación por una denuncia que Autovan presentó en su contra por el presunto delito de oposición a obra pública. De encontrarse elementos suficientes, los acusados podrían ser consignados. Durante 11 años, la edificación de dicha carretera, que conectará el valle de México con el aeropuerto internacional de Toluca, se ha retrasado por recursos judiciales que pobladores de Lerma y Huixquilucan han ganado. Autovan, subsidiaria de Constructora Teya, concesionaria del proyecto, alega que la asamblea de bienes comunales de Xochicuautla aprobó la obra en mayo de 2013.
Ciudad Victoria, Tamps., El Congreso de Tamaulipas reformó el Código de Procedimientos Penales para tipificar como delito grave la desaparición forzada de personas, y lo sanciona con penas hasta de 20 años de prisión, sin derecho a fianza. Cuando el responsable de desaparición forzada sea servidor público, además de enfrentar la pena correspondiente se le destituirá del cargo y se le inhabilitará entre uno y 20 años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos. El decreto fue presentado por el diputado priísta Ricardo Rodríguez, quien en la exposición de motivos destacó que la modificación del capítulo segundo del título decimoséptimo del Código de Procedimientos Penales especifica las penas, atenuantes y agravantes de la desparición forzada. Argumentó que esta reforma pretende combatir actos criminales en los que se vean involucrados elementos de seguridad y otros funcionarios. Rodríguez destacó que el dictamen responde a las demandas de la sociedad en materia de justicia, que reclama la actuación de las autoridades, pero éstas carecían de facultades para combatir este delito.