Guadalajara, Jal.

Los 650 departamentos que albergaron a los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 se quedaron sin mantenimiento debido a que el despacho de abogados Peña Briseño renunció al fideicomiso creado para administrar el complejo.

La Villa Panamericana, que no ha podido venderse, costó más de mil millones de pesos que erogó la administración del panista Emilio González (2007-2013). Más de un tercio de esa suma provino de fondos de pensiones de los burócratas del estado, quienes podrían perder sus ahorros.

En la edificación del conjunto se utilizaron casi mil 400 millones de pesos de fondos públicos y privados. Según avalúos oficiales, su valor comercial es de 2 mil millones de pesos.

En las obras, realizadas entre 2010 y 2011 por la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe), se invirtieron 690 millones de pesos y se tomaron otros 340 millones del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal).

Además, la empresa Incoba otorgó los terrenos y la constructora Corey Integra estuvo a cargo del plan maestro del desarrollo del inmueble, el proyecto ejecutivo y la gerencia de construcción, inversión que los particulares calcularon en 300 millones de pesos.

Los litigantes, encabezados por Víctor Manuel Peña Briseño, indicaron que el gobierno estatal dejó de aportar fondos al fideicomiso en agosto pasado, lo que obligó a reducir de 20 a dos el número de vigilantes.

El complejo está deshabitado debido a litigios y falta de licencias municipales. Para evitar el deterioro de los edificios y de sus 6.5 hectáreas de jardines, el empresario Francisco Cornejo, propietario de Corey Integra, aportó recursos para el mantenimiento el 19 de agosto anterior, pero dejó de hacerlo este mes, con el argumento de que no le correspondía otorgar tales recursos, sino al fideicomiso.

Peña Briseño indicó que la Comisión Federal de Electricidad está a punto de cortar el servicio por falta de pago, lo que detendrá la planta tratadora de aguas residuales provenientes del riego de los jardines y de lluvia, la cual debe ponerse en funciomamiento de manera periódica para evitar que se averíe.

En mayo de 2011 vecinos del fraccionamiento Rancho Contento obtuvieron una suspensión del Tribunal Administrativo del estado que evita la comercialización de la Villa Panamericana, ante la alta fragilidad ambiental de El Bajío, predio donde se erigió el complejo y que colinda con el bosque de La Primavera, principal pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara. Esto canceló la posibilidad de vender los departamentos, lo que estaba proyectado para devolver lo invertido a los participantes.

Sin embargo, este no es el único problema legal que debe destrabarse para poder vender el inmueble. En septiembre de 2012 el entonces alcalde de Zapopan, el priísta Héctor Vielma, confirmó que la villa no podría ser utilizada para vivienda porque el ayuntamiento consideraba que se excedía la densidad de población calculada para esa área.

Su sucesor, Héctor Robles (también del Partido Revolucionario Institucional), ha mantenido la misma postura.

Cuando el gobierno estatal dejó de aportar recursos al fideicomiso, los abogados resistieron durante dos meses la falta de pago, pero finalmente renunciaron a la representación legal.

El fideicomiso de la villa se creó en diciembre de 2012, ante las suspensiones que impiden su comercialización y uso habitacional, para proteger la inversión de las partes involucradas, pero en agosto pasado Banamex, en su calidad de fiduciario, anunció que congelaba los fondos debido a una inconformidad del Instituto Jalisciense de la Vivienda (antes Iprovipe) con el manejo de los recursos.

Peña Briseño asimismo dio a conocer que Incoba, propietaria de los terrenos, decidió demandar ante los tribunales competentes la extinción del fideicomiso, y la recuperación de sus tierras. Agregó que, de proceder este juicio, cada parte involucrada en el desarrollo de la villa tendría que recibir lo que aportó, con base en los criterios del juez.

Esto causaría un grave problema al gobierno estatal, pues de los 690 millones que aportó Iprovipe, 320 millones provinieron de un préstamo bancario, del cual no ha abonado ni un peso, y debe por lo menos otros 80 millones de pesos de intereses.