a madrugada de ayer, la Policía Federal anunció la captura del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en una casa paupérrima del barrio de Santa María Aztahuacán, en la delegación Iztapalapa. Por la tarde, el procurador Jesús Murillo Karam y el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, dieron a conocer algunos pormenores de la pesquisa que permitió localizar a la pareja y a una tercera persona, Noemí Berumen, detenida en otro domicilio y acusada de encubrir a Abarca y a su cónyuge.
La noticia dio lugar a diversos posicionamientos en la clase política y fue recibida con predominante escepticismo por la opinión pública, sometida a una desgastante incertidumbre por la falta de información sobre el paradero de los 43 normalistas capturados y desaparecidos en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre por policías municipales, al parecer en cumplimiento de órdenes de Abarca; una opinión pública exasperada, además, por las pasmosas omisiones estatales y federales que hicieron posible la agresión en la que también fueron asesinados seis personas, tres de ellas estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y otras tres sin relación alguna con ese plantel.
Aunque resulta comprensible y pertinente que a estas alturas las autoridades se abstengan de hacer público cualquier dato relacionado con este indignante episodio sin antes verificarlo minuciosamente, el hecho es que la detención del ex munícipe y de su pareja –a la que se vincula con una facción de la delincuencia organizada que participó en el ataque a los estudiantes– difícilmente contribuirá a despejar la cólera social por la agresión contra los muchachos normalistas, por la lentitud con que han reaccionado todas las instancias del poder público y por la incoherencia de las acciones y versiones oficiales durante los 37 días transcurridos desde entonces.
Y es que, a pesar de que hay casi 60 detenidos en relación con el crimen y que en la búsqueda de los estudiantes se han realizado despliegues aparatosos de funcionarios públicos civiles, policiales y militares, con todo y las reuniones y los comunicados y tras la renuncia de un gobernador, permanece sin respuesta la pregunta central: dónde están los desaparecidos.
La exigencia de respuesta precisa a esa pregunta ha adquirido dimensiones de clamor internacional y hoy está prevista la realización de una jornada de movilizaciones dentro y fuera de México para protestar por la barbarie perpetrada a fines de septiembre en Iguala, pero también por la persistencia de la inseguridad y de la inadmisible vulnerabilidad ciudadana ante la delincuencia organizada y ante los atropellos de efectivos policiales y castrenses contra civiles, y por la impunidad que sigue imperando en el país.
En estas circunstacias, la captura de Abarca y de Pineda Villa no puede ser esgrimida como un logro, si de ella no se deriva un avance sustancial y rápido en el esclarecimiento del destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa, si no es seguida por un deslinde de responsabilidades de otros funcionarios –por acción o por omisión– y si no se procede a una operación mayor de limpieza en el ámbito de las instituciones infiltradas por la criminalidad.
