Bogotá.

La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) trabaja en un cambio en la forma de enfrentar el problema de las drogas, ante el fracaso de la actual política, anunció el secretario general de ese organismo, Ernesto Samper.

El ex presidente colombiano (1994-1998) consideró, en una entrevista que publicó este domingo en el diario El Espectador, que la única región que tiene autoridad moral para plantear cambios en la política antidrogas es América Latina, puesto que hemos vivido, sentido y sufrido el monstruo del narcotráfico encima.

Colombia, uno de los países más afectados por ese flagelo, ha planteado en varios foros regionales la necesidad de dar un viraje a la lucha contra el problema de las drogas para lograr resultados mucho más efectivos.

La Unasur está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Venezuela y Bolivia dieron por terminadas sus relaciones con la agencia estadunidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) en agosto de 2005 y en enero de 2009, respectivamente. De su lado, Ecuador canceló en 2009 un convenio que le permitía a Estados Unidos utilizar el aeropuerto de la base de Manta para operaciones contra el tráfico regional de drogas.

Samper, por otra parte, descartó que la corte penal que propuso Unasur busque juzgar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que se encargue de sus procesos por terrorismo, desaparición forzada y narcotráfico.

El proyecto de tribunal del organismo pretende crear un órgano que juzgue delitos trasnacionales –distintos a los que conoce la Corte Penal de La Haya–, como el lavado de dinero.

Se trataría de que cada fiscalía, en cada país, se sume a una investigación conjunta del mismo delito y que la decisión punitiva pueda recaer en un solo órgano, subrayó.

Para el caso de las FARC existe la normatividad de la justicia transicional que permite a cada nación, internamente, aplicar las normas establecidas cuando ciertos países están saliendo de un conflicto, dijo.

El gobierno colombiano y las FARC sostienen desde diciembre de 2012 una serie de conversaciones en La Habana para acabar con medio siglo de guerra interna, en el contexto de los cuales han logrado acuerdos parciales en tres puntos.

Además de los temas sobre desarrollo rural, participación política y salidas al problema de las drogas ilícitas, en los cuales ya existen consensos, las partes tienen previsto discutir el de las víctimas y entrega de armas.

Este domingo en La Habana, 12 víctimas del conflicto armado colombiano, entre ellos una periodista que fue secuestrada y violada por paramilitares, entregaron sus dramáticos testimonios a delegados del gobierno y de las FARC en Cuba, a quienes exhortaron a dialogar hasta alcanzar la paz.

Dos de los testimonios fueron el de Jineth Bedoya, secuestrada y agredida sexualmente hace 14 años, y el del ex guerrillero reclutado de niño Alberto Tarache.