Los partidos políticos sustentarán el blindaje electoral del año próximo en la participación y denuncia ciudadanas, así como en la indagatoria de los candidatos por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

Prometen elegir no sólo a candidatos populares, sino también honestos, y para ello pondrán en una vitrina los datos generales de aspirantes a un puesto de representación popular. El objetivo es que sean los propios electores quienes alerten a los partidos de presuntas ligas de los postulados con recursos o actividades ilegales.

En el contexto de una crisis de seguridad en el país, los dirigentes partidistas pretenden achicar la coladera por donde se les han pasado personas acusadas de tener vínculos con el crimen.

Como primer paso revisarán sus estatutos para fortalecer los mecanismos de control.

El PAN propuso que se lleven a cabo denuncias ciudadanas anónimas, por medio de Internet, mientras el secretario de acción electoral priísta, Samuel Aguilar Solís, pondera la denuncia en una ventanilla pública.

En su partido prometen no privilegiar la rentabilidad electoral de un aspirante, sino sus datos curriculares. Esa ventana para examinar historias de vida de los candidatos, no deberá, sin embargo, convertirse en campañas negras, sino en canal de entrega de pruebas.

De manera adicional, propone que en esta etapa de preparación del blindaje se discuta el tema, no sólo con el gobierno, sino también con los consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Al menos en el discurso, los dirigentes de PRI, PAN y PRD afirman estar en la misma sintonía en cuanto al cumplimiento de la ley.

Todos los partidos en contienda en años recientes han sido salpicados por tener a un legislador o gobernante acusado de vínculos con la delincuencia organizada.

Edil de Iguala, caso reciente

El caso más reciente es el de José Luis Abarca, presidente municipal con licencia de Iguala (perredista), que actualmente está prófugo de la justicia, acusado de ser cómplice del grupo criminal de la región. Un sector del partido que lo postuló afirma que no sólo ordenó el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, sino también a sus opositores políticos.

Aguilar Solís asegura que hay voluntad política entre los partidos grandes para que el proceso electoral, ya en curso, se desarrolle en el contexto legal para cerrar cualquier espacio de filtración de dinero o de candidaturas indeseables.

Que el crimen organizado no se vaya a filtrar a la política. Todos los partidos estamos obligados a generar una serie de filtros internos que impidan la llegada de dinero sucio, como de personas indeseables a los puestos de representación popular, expresó Aguilar Solís a La Jornada.

En los procesos electorales recientes, los partidos solicitaban a las procuradurías estatales información básica de los aspirantes a alguna candidatura, principalmente carta de no antecedentes penales, y esta vez pretenden elevar la mira para una mayor indagación de la PGR al respecto.

El año próximo (el 7 de junio) habrá comicios en todo el país para elegir diputados federales, y 18 entidades tendrán elecciones concurrentes, que incluyen presidentes municipales, regidores y síndicos, así como legisladores locales; también, en nueve estados se disputarán gubernaturas.

Es de tal gravedad el tema y hay la voluntad política de los partidos para que se eleve la mira y se pida un requisito mayor que puede ser de la PGR, dijo Aguilar.

La intención de los negociadores es que el acuerdo para el blindaje electoral esté listo en los próximos días.