El consejo nacional del PRD mandató ayer al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) iniciar la evaluación de todos sus gobiernos –de manera urgente los municipales– en materia de seguridad y cuerpos policiacos, para determinar si tienen nexos con el crimen organizado y tomar las medidas correspondientes.

El acuerdo se tomó luego de reconocer que el instituto postuló candidatos a puestos de elección popular con el único fin de avanzar electoralmente, sin poner cuidado en la trayectoria, honorabilidad y desempeño en el gobierno de los aspirantes.

El órgano colegiado del PRD no sólo formuló anoche un mea culpa, sino también criticó al gobierno federal porque a 22 días de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, aún no tiene resultados ni ha informado quiénes son los presuntos responsables del crimen.

Exigió que la administración de Enrique Peña Nieto responda cuál fue el móvil del delito, dónde están los jóvenes, qué intereses políticos y económicos hay detrás y quiénes asesinaron a las personas localizadas en las fosas clandestinas descubiertas en Iguala. Pidió igualmente que se intensifique la búsqueda de los estudiantes, para que aparezcan vivos, y se finquen responsabilidades sin importar jerarquías o siglas partidarias.

Carlos Navarrete, dirigente del PRD, reconoció en el discurso inaugural de la sesión de este órgano colegiado que el instituto no aplicó correctivos cuando detectó indicios de corrupción o de coptación de funcionarios públicos por parte de la delincuencia, y que no es justificación decir que a todos los partidos les sucede lo mismo.

También admitió que hubo extravíos y falta de cuidado en la actuación partidaria, luego de señalar que este es el momento de dar un golpe de timón y empezar de inmediato a corregir las desviaciones y las omisiones.

En tanto se desarrollaban las negociaciones entre las corrientes sobre la eventual separación de Ángel Aguirre del gobierno de Guerrero, consejeros recordaron que varios perredistas han sido señalados por estar involucrados con el crimen organizado, aunque no se haya confirmado, como el dirigente guerrerense Carlos Reyes, quien a principios de año fue acusado por el narcotraficante Servando Gómez La Tuta de estar vinculado a un cártel de la droga.

También señalaron que debería investigarse el nivel de penetración en la estructura el PRD que tuvo el alcalde desaforado de Iguala, José Luis Abarca, y si hubo financiamiento ilícito en algunas campañas de dirigentes partidistas.

Una vez reanudados los trabajos del CEN –el cual entró en receso a media tarde con el argumento de que los medios de comunicación no los dejaban sesionar en privado– los consejeros acordaron elaborar mecanismos confiables para garantizar que la actuación de dirigentes partidarios de todos los niveles, legisladores y funcionarios públicos se apegue a los principios partidistas y a la obligación de colocar por encima de todo las causas de la ciudadanía.

De igual manera, se decidió invitar a personalidades de la sociedad a contribuir con el instituto en la formación de una comisión ética y de transparencia, cuyas recomendaciones serán adoptadas para iniciar las correcciones internas necesarias.

Sobre la evaluación de los gobiernos perredistas, no se preciso cómo se hará el análisis y cuándo habrá resultados. Sólo se sabe que la responsabilidad recaerá en Carlos Sotelo, secretario de asuntos municipales y desarrollo regional.