Algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) parecen estar más a tono con las ideas de las televisoras o, inclusive, recibir presiones de éstas al negarse a monitorear las coberturas electorales efectuadas en los programas de opinión.

Así lo señalaron representantes de organizaciones defensoras del derecho a la información consultadas por el INE en junio pasado y cuyas opiniones –lamentaron– no fueron tomadas en cuenta por el Comité de Radio y Televisión del instituto, que sólo consideró las de la industria.

Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) y Beatriz Solís, defensora del radioescucha de Radio Educación, pidieron al consejo general del organismo, rectificar esta decisión en su sesión del próximo miércoles.

Solís, investigadora y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), deploró en entrevista que el INE, con todas sus atribuciones nuevas, no haga pleno ejercicio de ello y prefiera voltear la mirada hacia los intereses de los medios de comunicación y no hacia los derechos de los ciudadanos.

A los medios de comunicación, sobre todo a los grandes, no les interesa ser evaluados. Quizá por eso los consejeros buscaron hacerles un flaco favor o recibieron presiones directas, refirió.

El miércoles, con el voto en contra de Pamela San Martín, presidenta del Comité de Radio y Televisión, los consejeros Benito Nacif y Enrique Andrade, suprimieron de la propuesta original el monitoreo de los programas de televisión y entretenimiento diciendo que violarían la libertad de expresión. Los consejeros Ciro Murayama y Marco Antonio Baños asistieron a la reunión pero se retiraron antes de votar.

El INE había propuesto monitorear la cobertura electoral que hagan programas de opinión y entretenimiento e incluyó en el catálogo: México confidencial, A quemarropa, Tercer grado, Primer plano y La hora de opinar, así como Hoy, Venga la alegría, Ventaneando, y los de radio Martha Debayle y Todo para la mujer.

Solís negó que estos análisis violen la libertad de expresión, porque no se aplicarán sanciones ni habrá actos de censura previa, lo cual está prohibido en la Constitución.

A la luz de estos resultados, consideró que no tuvo sentido la consulta realizada por el INE, donde la mayoría de los participantes, entre las que se cuenta, pidió ampliar este análisis.

De 14 organizaciones, universidades y defensores de los derechos de la audiencia consultados, la mayoría recomendó, ampliar el monitoreo a los programas de opinión. Observatel comentó, por ejemplo: permitiría a los ciudadanos contar con mayores elementos para valorar la información difundida y formarse una postura libre a la hora de emitir su voto.

Por lo visto, añadió Calleja, los consejeros sólo tomaron en consideración una opinión, la de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) y el resto no pintamos.