Los gobiernos estatales recibirán el año entrante, en conjunto, mil millones de pesos para avanzar en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, identificado como de los juicios orales.

Es una cantidad sin precedente para esta tarea y superior a lo que se busca otorgar a los trabajos de la Secretaría de Gobernación (SG), por ejemplo, en materia de derechos humanos.

El plazo límite para la aplicación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral es junio de 2016.

Hasta el momento, el sistema se aplica de manera total sólo en cuatro estados, y en 14 opera de manera parcial. La entidad recién incorporada es Guerrero.

En el programa sectorial de la SG 2013-2018 se advirtió de la falta de eficacia del sistema de justicia penal insquisitorio, lo cual ha provocado violaciones a los derechos humanos, faltas al debido proceso, opacidad, corrupción, impunidad y desconfianza hacia las autoridades.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal 2012, 49 por ciento de la población considera que las leyes no se cumplen. En opinión de los consultados, los principales problemas en este ámbito son corrupción, tardanza e impunidad.

El promedio nacional de nivel de confianza en la procuración de justicia está por debajo de 15 por ciento, reportó la SG.