La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados emitió un informe sobre el estado de la inversión programada en todas las entidades del país, que a la fecha sólo han gastado 25 por ciento de los 526 mil 309 millones de pesos destinados a fondos productivos y de levantamiento de obra pública.

El presidente de ese grupo de trabajo, que se encarga de vigilar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), José Luis Muñoz Soria, advierte que de este mes de octubre a diciembre próximo las entidades estarán obligadas a ejercer 57.9 por ciento del total de la cifra referida, para evitar un retraso que implicaría una flagrante violación a la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública.

A la fecha, el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 2014 se ha aplicado también parcialmente. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el actual ejercicio, el Congreso aprobó una bolsa de 368 millones de pesos para elaborar las auditorías de seguimiento a los más de 500 mil millones que se destinaron a los gobiernos de los estados para impulsar diversos programas de índole social.

A la par del subejercicio de esos recursos, el programa de auditorías también se ha quedado corto, lo que constituye un grave problema de revisión de cuentas y de transparencia para la presidencia de la Comisión de Vigilancia, porque ahora las entidades sólo tendrán tres meses para erogar los recursos descritos.

Muñoz Soria advierte que uno de los mayores retos de la Auditoría Superior de la Federación es la aplicación de acciones serias y contundentes que permitan conocer el verdadero alcance de la fiscalización, toda vez que la mayoría de las acciones que se promueven son desvirtuadas por los entes a revisar, porque se argumenta falta de elementos para proceder, o en el procedimiento de investigación que realiza la instancia de control, el ente fiscalizado presenta la información comprobatoria y se solventa la presunta irregularidad.

Así, la unidad de evaluación y control de la ASF –ambas dependen de la Comisión de Vigilancia– elaboró un proceso de revisión al gasto en los estados, cuyos resultados revelaron importantes problemas en la transparencia del manejo de los recursos públicos.

La ASF emitió 29 pliegos de observación y cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria. Sin embar- go, por su naturaleza, la unidad de evaluación y control considera que debieron turnarse (desde la ASF) como solicitudes de aclaración, propiciando que inexplicablemente fueran dadas de baja previamente a su emisión.

La Comisión de Vigilancia también descubrió otro rasgo de opacidad en la ASF, porque en lo que respecta a las 41 Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias que la unidad de evaluación y control revisó, no se ha aplicado sanción administrativa a ningún servidor público, toda vez que los órganos internos de control consideraron que los expedientes remitidos por la ASF para fincamiento de responsabilidades carecen de elementos.

Y de los 731 expedientes que revisó dicha unidad, de los que derivan 171 recomendaciones, 81 solicitudes de aclaración, 11 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 214 pliegos de observaciones, 38 recomendaciones al desempeño, 179 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 29 denuncias de hechos y ocho multas, 89.77 por ciento fueron solventadas durante el largo plazo legal de 160 días.

No obstante una revisión de la unidad de evaluación y control al trabajo de la ASF, titulado Informe del estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, con corte del 31 de marzo pasado, se concluye que, en términos generales, de las 6 mil 257 acciones emitidas, 94.81 por ciento del total de las recomendaciones y solicitudes de aclaración se encuentran sin respuesta, y el restante 5.19 por ciento está en análisis.