El hallazgo de varias fosas clandestinas en el municipio de Iguala, Guerrero, donde se presume que podrían encontrarse los restos de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el sábado pasado, significa un hito en el nivel de violencia en México, pues demuestra con claridad el vínculo entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, señalaron activistas de diversas organizaciones sociales.

Dolores Martínez Saravia, directora de Servicios y Asesoría para la Paz, llamó a las autoridades a seguir con el proceso de búsqueda de los jóvenes desaparecidos y llevar a cabo un proceso de identificación de cuerpos totalmente profesional y científico, y destacó que este hecho es un gravísimo ejemplo de la interacción entre servidores públicos y criminales.

Este caso no sólo confirma que las tendencias de inseguridad y violencia no han cambiado, sino también la descomposición en algunas regiones. Debe haber una reacción profunda de la sociedad para modificar el actual estado de cosas, señaló.

Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, se dijo consternada por el descubrimiento de las fosas y apuntó que los sucesos actuales en Iguala pudieron haberse evitado si en su momento hubieran tomado en serio las acusaciones contra el presidente municipal José Luis Abarca, por su presunta participación intelectual y material en el asesinato del activista Arturo Hernández Cardona.

Édgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, indicó que las fosas clandestinas en Iguala y el posible hallazgo de los cuerpos de los normalistas desaparecidos es una tragedia que muestra la incapacidad de los gobiernos estatal y federal para instrumentar una búsqueda eficiente.

Si los estudiantes aparecen asesinados, es una muestra clara de que el discurso triunfalista del gobierno federal de que estamos superando la inseguridad es falso. La realidad es que vivimos una situación en la que los jóvenes son agredidos en un estado total de descomposición, donde ya no hay división entre instituciones del Estado y delincuencia organizada. Ya no hay forma de distinguir unos de otros, dijo.

Mario Patrón, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, llamó a las autoridades estatales y federales a dar certeza a los familiares de los normalistas sobre la identidad de los cuerpos encontrados, e investiguen el nivel de complicidad entre delincuentes y servidores públicos.

Este posible contubernio sólo podría suceder en un contexto de ausencia total del Estado, en un contexto de descomposición generalizada que se vive en Guerrero. Con el caso Tlaltlaya, se demuestra que no hay control sobre las fuerzas armadas y policiales, subrayó.