Durante la pasada década, la ciudad de México ha visto la aniquilación de antiguos barrios y colonias, debido a los intereses de las grandes empresas inmobiliarios que imponen sus proyectos urbanísticos a costa del patrimonio artístico e histórico, que aún cuando se encuentra catalogado no está protegido, coincidieron arquitectos, cronistas y activistas vecinales.

Durante el foro La necesidad imperiosa de conservar viejas casas y edificios de la ciudad de México, organizado por la Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México en instalaciones de la Universidad de Londres, Édgar Tavares López, investigador y catalogador de inmuebles históricos, indicó que a últimas fechas se simula la conservación del patrimonio inmobiliario, como sucede en la colonia Roma, donde en inumerables casos sólo se deja la fachada, las ventanas o las molduras del inmueble para levantar modernos edificios habitacionales o de oficina.

El especialista señaló que se ha dado el primer paso en la conservación del patrimonio al catalogar un inmueble, pero admitió lamentablemente que catalogar, no es sinónimo de protección. Enfatizó que se requieren una ley federal de zonas y monumentos artísticos e históricos que sea menos light a la vigente, la cual data de 1972.

En coincidencia, el titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), Miguel Ángel Cancino, indicó que existen algunos vacíos que impiden actuar con oportunidad.

Detalló que, por ejemplo, en el Distrito Federal la norma en la materia define una serie de criterios para definir qué bienes inmuebles son parte del patrimonio urbanístico o arquitectónico, pero no especifica cuál debería ser su manejo.

Cancino consideró que una manera de evitar la destrucción de este patrimonio sería limitar el uso de suelo y el tipo de construcciones en los inmuebles catalogados o recuperarlos para que formen parte del espacio de la ciudad, pero es uno de los temas que aún están pendientes, apuntó.

A su vez, Miguel Valencia, de la Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México, resaltó que las leyes, reglamentos o normas sobre desarrollo urbano son enemigas de la conservación de estas viejas construcciones, por lo que la acción ciudadana autónoma es la clave para su defensa.

Virtualmente no tienen otra protección, que la que le dan sus dueños o los vecinos concientes ante las tendencias urbanísticas e inmobiliarias que dominan en nuestros días, expresó.