recedida por el escándalo del fraude cometido por Oceanografía –empresa que obtuvo préstamos millonarios con base en documentación falsificada de Petróleos Mexicanos (Pemex)–, la renuncia de Javier Arrigunaga a la dirección de Banamex adquiere una significación distinta a la de un simple y simbólico cambio de liderazgo, como afirmó ayer mismo el presidente del consejo de administración de esa institución financiera, Manuel Medina Mora.
Pariente político del ex presidente Felipe Calderón, colaborador cercano del ex titular de Hacienda Francisco Gil Díaz y ex titular del Fobaproa –que representa el mayor quebranto a las finanzas del país–, el hoy ex directivo bancario ha estado vinculado a escándalos que involucran a Banamex desde mucho antes del pasado 28 de febrero, cuando el banco estadunidense Citi se vio forzado a reducir a la baja el monto de ganancias que había reportado para el ejercicio de 2013, luego de salir a la luz el fraude cometido a su filial mexicana. Debe recordarse que Arrigunaga fue objeto de una instrucción de juicio político en la Cámara de Diputados por haber firmado pagarés del Fobaproa a favor de Banamex por alrededor de 60 mil millones de dólares, en los tiempos en que dirigió al organismo creado para legalizar el rescate bancario. Años más tarde, tras un periodo como representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Arrigunaga fue incorporado al directorio de la segunda institución bancaria del país, en un gesto interpretado en su momento como pago de facturas.
Una vez descubierto el fraude de Oceanografía, el directivo renunciante encabezó una pesquisa interna que derivó en el cese de 11 funcionarios de la institución y en un intento de dar carpetazo al asunto: Durante más de dos meses en Citigroup hemos llevado a cabo una investigación rigurosa, con el apoyo de un despacho de reconocido prestigio internacional, para conocer la forma en que fue cometido este presunto fraude (...) De esta forma, cerramos un doloroso episodio de nuestra historia
, comentó Arrigunaga apenas en mayo pasado.
No obstante, según puede verse, la opinión de las autoridades estadunidenses en torno al asunto es muy distinta, como lo demuestra la investigación abierta sobre presuntas fallas en los sistemas de seguridad de Banamex que podrían revelar responsabilidades mucho más amplias que las de los 11 individuos cesados. En ese contexto, la salida de Arrigunaga pareciera ser parte de una política de control de daños por la institución a la que perteneció hasta ayer.
Por otra parte, no deja de ser significativo que aunque algunas de las irregularidades de Oceanografía eran conocidas desde tiempo atrás en México –se sabía, por ejemplo, de las gestiones indebidas que los hermanos Bribiesca Sahagún, hijastros del ex presidente Vicente Fox, realizaron para que Pemex le otorgara contratos, a pesar de que la empresa se encontraba inhabilitada–, no fue hasta la investigación solicitada por Citigroup en Estados Unidos cuando las autoridades nacionales empezaron a investigarla. Resulta inevitable, en tales circunstancias, que muchos ciudadanos concluyan que la institucionalidad del país se preocupa más por cuidar el patrimonio de los accionistas de Citigroup que por cuidar la legalidad en los ámbitos nacionales.
