yer, al pronunciar un discurso en la Universidad de Georgetown, en Washington, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, indicó que el proceso de recuperación de la economía mundial ha sido “decepcionante (…) frágil, desigual y acosado por los riesgos”, dijo que el nivel del crecimiento y del empleo simplemente no es suficientemente bueno y advirtió que los riesgos geopolíticos también podrían descarrilar la recuperación. Los desalentadores señalamientos de la funcionaria se complementan con los que formuló el pasado 28 de agosto en el sentido de que América Latina –cuyo pronóstico de crecimiento fue ajustado a la baja por el organismo– enfrentará en el futuro inmediato una desaceleración importante.

En el caso de México, a esos factores exógenos han de sumarse agravantes internas de índole estructural, como la profunda dependencia económica que padece nuestro país respecto del exterior y que se ha agravado a consecuencia del más reciente ciclo de reformas neoliberales; el desempleo y la informalidad; el abandono del campo por las últimas administraciones –que se traduce en migración, desempleo, pérdida de soberanía alimentaria y auge de la delincuencia organizada, entre otras cosas–, y la persistencia de una política fiscal recesiva, todo lo cual coloca a nuestro país en una posición particularmente vulnerable con respecto a los problemas económicos planetarios.

Con ese telón de fondo en el ámbito nacional y en el internacional, las advertencias de Christine Lagarde debieran ser tomadas con atención y cautela por las autoridades económicas del país: habida cuenta de los riesgos que enfrenta la economía planetaria, sería irresponsable apostar por una incierta recuperación en ese ámbito como única vía para superar los rezagos sociales que aquejan a la población nacional.

Por lo contrario, la superación de la circunstancia de estancamiento económico que ha padecido el país en los últimos sexenios –y que se ha profundizado en el último lustro a partir de la crisis financiera mundial de 2008-2009– requiere de una política económica que sea capaz de reactivar el mercado interno y de crear empleos, que impulse a la industria nacional, restituya el poder adquisitivo de los salarios, ponga fin al agobio fiscal de la población y al encarecimiento generalizado de productos y servicios y rescate al agro mexicano del abandono al que ha sido conducido a lo largo de las últimas tres décadas.

Es impostergable que las autoridades fijen la reactivación económica como la prioridad gubernamental central. De otra forma, podrían generalizarse el clima de inestabilidad política y la pérdida de la paz social que ya se padece en amplias zonas del territorio nacional.