l anuncio de la participación de México en las fuerzas de paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU), formulado por el presidente Enrique Peña Nieto durante la Asamblea General de ese organismo con sede en Nueva York, constituye uno de los virajes más trascendentes en cuanto a la conducción de la política exterior de nuestro país, que tradicionalmente se ha mantenido al margen de los conflictos extranjeros y de los cuerpos expedicionarios.
En efecto, salvo un pequeño periodo de participación de México en los cuerpos de paz de la ONU entre 1947 y 1949 –años en los que militares nacionales asistieron como observadores en los Balcanes y Cachemira, respectivamente–, nuestro país no había contado con presencia en los llamados cascos azules, en buena medida a consecuencia de su tradicional principio diplomático de no intervención.
El anuncio de Peña Nieto representa el cambio fundamental en una política de Estado que reviste aspectos criticables tanto en la forma como en el fondo, empezando por el hecho de que un anuncio de esa magnitud fue formulado en un foro internacional y frente a gobiernos extranjeros, lo que obliga a preguntarse si la decisión fue adoptada en función de los intereses de éstos y no del bienestar nacional.
Por otra parte, la determinación del Ejecutivo de inscribir al país en los cuerpos militares de la ONU constituye una anomalía institucional, en la medida en que se adoptó sin consultar al Senado de la República, que es la instancia legislativa encargada, por mandato constitucional, de fiscalizar la política exterior, a lo que se suma la omisión al deber político y moral de considerar la opinión de la ciudadanía.
Semejante conducta es consistente con una administración federal que se ha caracterizado por realizar modificaciones relevantes a la institucionalidad del país sin antes construir los consensos sociales y políticos necesarios para ello.
Más allá de las razones enunciadas, con la incorporación de México a las misiones de paz nuestro país se coloca como miembro de una corporación que enfrenta un desprestigio creciente y que en no pocas ocasiones se ha erigido en factor de agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en los sitios en que ha sido emplazada: a las actitudes omisas e indolentes de los cascos azules frente a crímenes de lesa humanidad como los que se registraron en Bosnia y en Ruanda a finales del siglo pasado, se agregan los señalamientos de explotación sexual y abuso infantil en contra de sus integrantes, en naciones como Haití y el Congo.
En suma, los casos mencionados dan cuenta de que, bajo la bandera del organismo internacional y de las llamadas misiones de paz, pueden cometerse acciones abusivas que se traducen en un deterioro de los derechos humanos a escala mundial. Habría sido deseable que el gobierno mexicano –cuya imagen internacional en materia de derechos humanos es de por sí desfavorable– atienda esas consideraciones antes de integrar al país a una fuerza militar que, más que ser solución, suele convertirse en parte del problema.
