ntegrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos –la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir y los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Miguel Agustín Pro Juárez, entre otras– presentaron ayer una demanda de juicio político en contra del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, donde señalan las gravísimas omisiones cometidas por el organismo que éste dirige ante los atropellos a las garantías individuales, y afirmaron que Plascencia ha faltado a su mandato de defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Los señalamientos referidos son fundados: durante la gestión del funcionario cuestionado la CNDH se ha caracterizado en muchas ocasiones por actuar no como un organismo de Estado encargado de salvaguardar las garantías individuales, sino como una dependencia gubernamental supeditada a los poderes Ejecutivo federal y los estatales y ha mostrado, por tanto, una obsecuencia inadmisible ante abusos de las autoridades.

Uno de los ejemplos más recientes de tal actitud es el carácter errático y tibio del informe de la CNDH sobre los hechos del pasado 9 de julio en Puebla, donde un proyectil disparado por elementos policiales mató al menor Luis Alberto Tehuatlie: aunque el organismo público documentó los excesos cometidos en ese episodio y echó por tierra la versión del gobierno de Rafael Moreno Valle de que la muerte se había debido a un cohetón lanzado por los manifestantes, omitió señalar responsabilidades de integrantes del Ejecutivo estatal y se erigió, de esa manera, en un garante de la impunidad.

Otro tanto puede decirse de la respuesta que brindó ayer el propio Plascencia Villanueva respecto de la investigación que anunció sobre los hechos del 30 de junio en Tlatlaya, estado de México, donde murieron 22 civiles presuntamente a manos de elementos del Ejército: la supuesta disposición del ombudsman a investigar el hecho se vio desvirtuada por la afirmación de que tenemos claridad de que se trató de un enfrentamiento, lo que muestra una predisposición a suscribir la versión del gobierno federal y desvirtúa de antemano las pesquisas referidas.

Con estos antecedentes es claro que la solicitud de las organizaciones no gubernamentales a la Cámara de Diputados resulta atendible y procedente, y cabe esperar que los legisladores esclarezcan las posibles faltas atribuibles a una conducta institucional que ha generado una intolerable indefensión de los ciudadanos ante los excesos y atropellos de servidores públicos, alienta la impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos y profundiza el descrédito de las instituciones ante la opinión pública.

La creación de la CNDH fue el resultado de un proceso sumamente difícil y costoso, en el que diversos esfuerzos individuales y colectivos se sumaron para avanzar hacia un poder público sometido al estado de derecho y con contrapesos institucionales a los abusos y excesos de servidores públicos. Sería inadmisible que todos esos empeños, por no hablar de los presupuestos públicos otorgados al organismo, terminen por ser desvirtuados a consecuencia de una gestión institucional que, en la opinión de organizaciones y activistas humanitarios independientes, ha incumplido con su mandato constitucional.