Durante cerca de 13 años, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco Suárez se realizaron procedimientos quirúrgicos de tipo experimental sin cumplir con los protocolos de una investigación científica; entre otros, contar con autorización de los comités de investigación y bioética, así como el consentimiento informado de los pacientes, afirma una denuncia presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Algunas personas que fueron sometidas al procedimiento murieron y otras quedaron con daño neurológico permanente, explicó el neurocirujano Rodolfo Ondarza Rovira, quien en 2006 presentó la denuncia ante instancias nacionales, con el fin de que se haga una investigación. Nada ocurrió, y en 2012 llevó el caso, junto con el obispo Raúl Vera, a la CIDH.

Este lunes el prelado estará en Washington para solicitar al organismo internacional que en el caso se aplique el criterio Per saltum, es decir que le dé prioridad y acepte realizar la investigación correspondiente.

El obispo, en su calidad de presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, se reunirá con Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, y también entregará la solicitud para que el organismo realice una visita al Instituto de Neurología, a fin de constatar las violaciones a leyes y tratados internacionales.

Dispositivo implantado a por lo menos 500 enfermos

Ondarza Rovira señaló que el objetivo es esclarecer lo que ocurrió con al menos 500 pacientes de ese instituto a quienes se les implantó un dispositivo denominado sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo, patentado por Julio Everardo Sotelo Morales, investigador y ex director del INNN.

Dicho dispositivo tenía la finalidad de controlar el padecimiento de hidrocefalia (acumulación de líquido céfalorraquideo en el cerebro). El problema fue que el sistema de derivación de Sotelo carecía de seguridad y eficacia para garantizar el éxito del tratamiento y se utilizó sin cumplir con los requisitos de un protocolo de investigación.

La denuncia señala que además de los casos de 500 pacientes que lograron documentar, existe información de que a algunos recién nacidos también se les colocó el aparato, así como de que se utilizó en otros hospitales del país.

Ondarza, también diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien ha recibido diversos premios internacionales por su actividad en favor de la salud, ha llevado el caso a varios congresos en el extranjero.

Explicó que la colocación del sistema derivativo experimental se realizó sin tener el consentimiento informado de los pacientes y sus familiares, lo cual es violatorio de la Ley General de Salud y su reglamento en materia de investigación.

Durante la realización de estos procedimientos experimentales no hubo un protocolo aprobado por una comisión de investigación, ni por una de bioética; tampoco de las autoridades de la Secretaría de Salud, ni un seguimiento por ellas, subrayó.