n declaraciones formuladas ayer en una videoconferencia durante un encuentro sobre tecnología en Quito, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, afirmó que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) le ha puesto precio a mi cabeza, y recordó la aportación realizada por su organización a la transparencia y el derecho a la información de las personas en todo el mundo.

Las expresiones de Assange, quien lleva más de dos años refugiado en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, remiten inevitablemente a la persecución que ha emprendido Estados Unidos en su contra a raíz de la divulgación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la superpotencia en Irak y Afganistán y de la difusión de miles de despachos de embajadas estadunidenses que documentan el enorme poder fáctico e indebido de Washington en el mundo. A la fecha, a pesar de que no existe imputación alguna en contra de Assange ni en Suecia ni en Inglaterra ni mucho menos en Estados Unidos, los gobiernos de los dos primeros países han mantenido vigente, contra toda lógica, un proceso de extradición para que responda un interrogatorio por dos presuntas agresiones sexuales, pero que parece más bien un invento para poner al periodista australiano al alcance de Washington.

Por su parte, funcionarios, representantes y consorcios mediáticos de Estados Unidos han emprendido virulentas campañas en contra del fundador de Wikileaks, con el evidente afán de inducir, entre los sectores chovinistas y retardatarios de ese país, una opinión favorable al linchamiento y la eventual captura de Assange. Similares campañas se han emprendido en contra de Chelsea Manning y el analista Edward Snowden –con la diferencia de que estos últimos sí enfrentan cargos judiciales y que la primera incluso purga una condena en prisión–, en actitudes que contrastan con el papel que se atribuye Washington como garante de las libertades, la verdad y la democracia a escala mundial.

El encono del actual gobierno de la superpotencia en contra de los informadores que han tenido el valor de hacer públicos los entretelones siniestros del poder público resulta particularmente grotesco si se considera que las revelaciones que ha venido haciendo la organización fundada por Assange no son una amenaza para la seguridad de Estados Unidos sino, en todo caso, a las prácticas oscuras, corruptas e ilegales que ocurren de manera regular en las instituciones públicas de ese y de otros países. Tales prácticas, paradójicamente, terminan por volverse las verdaderas amenazas contra la seguridad estadunidense, en la medida en que contribuyen al surgimiento de sentimientos de encono radical en contra de ese país.

En contraste, el trabajo del informador australiano y de sus compañeros e informantes constituye un impulso para la democratización efectiva de las sociedades y de sus gobiernos, habida cuenta de que proveen a las primeras de elementos de juicio que difícilmente habrían podido obtener por otros medios.

Cabe preguntarse hasta qué punto llegará la alianza de facto compuesta por Estados Unidos, Gran Bretaña y Suecia en el afán de venganza contra Wikileaks y su determinación de aplicar un escarmiento, en la persona del fundador de esa organización, a quien se atreva a exhibir las miserias del poder público. Lo cierto es que el gobierno que encabeza Barack Obama no tiene ya margen de legitimidad para mantener la intromisión masiva contra gobiernos, entidades y ciudadanos del mundo y de Estados Unidos ni para mantener en prisión a Manning y seguir hostigando a Assange y a Snowden. Tanto el espionaje masivo como las persecuciones contra esos defensores de la verdad y la transparencia son injustificables y deben cesar a la brevedad.