Las perspectivas para el dictamen de la iniciativa preferente de Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes no son positivas. El PRI y el Ejecutivo se niegan a crear el Sistema Nacional de Garantías, como recomienda la Convención de los Derechos del Niño, si aceptan a abrir los espacios para la participación de organizaciones civiles.

Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), resaltó que un sistema de garantías es la única instancia que podría asegurar la coordinación de una política nacional en favor de los derechos de la infancia.

La discusión y eventual aprobación del proyecto enviado por el presidente Enrique Peña Nieto con carácter preferente deberá concluir en el Senado antes de que finalice este mes y, de acuerdo con el activista, lo que ha prevalecido entre los legisladores es la posición de dejar la responsabilidad de las acciones al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Pérez García consideró que ese organismo carece de los recursos físicos, humanos y financieros para desarrollar una tarea como la que se requiere para cumplir con los principios de dar prioridad al interés superior de la niñez; la no discriminación; igualdad sustantiva; supervivencia y desarrollo; acceso a una vida libre de violencia; y la familia como espacio primordial de desarrollo, tal como recomienda el Findo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Martín Pérez comentó que entre los legisladores priístas prevalece la posición de no asignar recursos económicos adicionales para la aplicación de la nueva ley, además de que mantienen el ordenamiento con una perspectiva asistencial, por lo que no se ve a los niños como sujetos de derechos.

Como parte de la discusión en el Senado, se organizaron foros donde académicos, organizaciones civiles nacionales e internacionales expusieron sus puntos de vista respecto del proyecto. En particular, Unicef hizo planteamientos específicos para mejorar la iniciativa en función de la Convención de los Derechos del Niño suscrita por México.

Respecto del Sistema Nacional de Garantías, señala que debe contar con un esquema de coordinación intersectorial (salud, educación, desarrollo social, presupuesto, asistencia social, justicia, entre otros) y entre los distintos niveles de gobierno.

Resalta que el Sistema Nacional tendría que ser la instancia rectora del programa nacional. Lo ideal sería que este órgano se estableciera al más alto nivel posible en la administración pública y otorgarle un carácter deliberativo (no consultivo), cuyas decisiones sean vinculantes.

Unicef también considera necesario diferenciar claramente el sistema nacional de garantía de derechos de la infancia del sistema especial de protección de derechos. Este último debe ser un subsistema del primero, con disposiciones concretas que regulen la atención y respuesta en los casos en que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran amenazados o vulnerados.