a víspera de las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se realizarán este domingo con la participación del Instituto Nacional Electoral (INE), en la organización, estuvo marcada por numerosas denuncias formuladas por las corrientes que integran ese partido y por medio de las redes sociales, con relación a presuntos intentos de comprar o coaccionar el voto de los militantes.

Las pugnas internas entre corrientes o tribus perredistas son un fenómeno recurrente y asociado al propio PRD; pero el hecho de que ese instituto político se muestre incapaz de realizar sus procesos eleccionarios en condiciones de pulcritud y sin que entre sus militantes proliferen denuncias de actividades fraudulentas pone en perspectiva una descomposición institucional mayúscula, que tiene un punto de arranque concreto: el desaseado proceso de renovación de la dirigencia perredista que tuvo lugar entre el 16 de marzo y el 12 de noviembre de 2008, y que culminó con la designación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de Jesús Ortega Martínez como presidente nacional del partido.

De entonces a la fecha, el partido del sol azteca ha sido incapaz de subsanar las prácticas clientelares de sus diversas corrientes y emanciparse de las burocracias incrustadas en su aparato institucional. Ello le ha impedido presentar a la sociedad un proyecto político coherente y concebir una imagen atractiva para el electorado, como quedó de manifiesto en los malos resultados obtenidos en los comicios intermedios de 2009 y como previsiblemente ocurrirá en los del año entrante.

Con las gravísimas distorsiones que padece su estructura, el PRD no ha sido capaz de operar democráticamente en su vida interna. La organización fundada en 1989 por la más importante confluencia de las izquierdas nacionales no es capaz de ofrecer un funcionamiento institucional mínimamente correcto ni siquiera a sus propios militantes ni a los bastiones electorales tradicionales –el voto duro– de la izquierda.

A ello se suma el desdibujamiento ideológico y político de un partido que en el último tramo ha decidido alinearse a la forma de hacer política de la actual Presidencia de la República, mediante arreglos informales como el Pacto por México; lo anterior no sólo ha restado fuerza al perredismo en aquellos episodios y asuntos en que ha querido tomar distancia del poder –como la discusión de la reforma energética–, sino que ha ocasionado que sea percibido, por un sector importante de la opinión pública, como un satélite del partido en el poder.

Por lo demás, las denuncias de prácticas electorales sucias por uno o varios sectores del perredismo constituyen una primer prueba de fuego para una nueva institucionalidad electoral que tiene la consigna de restañar el grave déficit de credibilidad con que se extinguió el IFE, tras las elecciones federales de 2006 y 2012. Es por ello preo-cupante que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, diga que ese organismo no será responsable de las eventuales conductas antidemocráticas de los perredistas. Lo cierto es que, más allá de que la participación del INE en los comicios de hoy se limite formalmente a la instalación de las casillas y el cómputo de los votos, la nueva institucionalidad electoral enviaría un mensaje sumamente negativo a la sociedad si se toleran acciones fraudulentas en la elección perredista.