contrapelo del optimismo oficial expresado en pronósticos de crecimiento y bienestar a raíz del reciente ciclo de reformas estructurales, en el Proyecto de Presupuesto 2015, elaborado por el Ejecutivo federal y presentado ayer a la Cámara de Diputados, se plantea un manejo inercial de las finanzas públicas que no se supone que sirva como sustento para impulso del desarrollo.
La presentación, a cargo del titular de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, estuvo aderezada de pronósticos desalentadores sobre un porvenir económico inmediato en el que el país contará con menos ingresos petroleros –una disminución de 92 mil 600 millones de pesos–, verá incrementada su deuda pública, que llega ya a niveles estratosféricos, y crecerá –en el mejor de los casos– en apenas 3.7 por ciento en 2015.
Es cierto que durante la presentación se dieron a conocer también buenas noticias, como el anuncio de que no se crearán nuevos impuestos para el año entrante; sin embargo, eso ocurre en un momento en que la economía de las empresas y las familias se ha visto mermada por la aprobación y aplicación de una reforma fiscal de tintes recesivos. Otro tanto puede decirse de la decisión, anunciada por Videgaray, de suspender la política de incrementos mensuales a los precios de la gasolina y vincular el precio de ésta a la inflación: demasiado poco y demasiado tarde.
En un panorama como el comentado, el presupuesto de egresos tendría que ser visto como un instrumento por medio del cual el Estado reactive la economía interna, genere empleos e infraestructura, y atienda las necesidades básicas de la población. Pero en la propuesta correspondiente presentada por el Ejecutivo se conjuntan inercias impresentables, como la persistencia del boato en que viven los integrantes del Poder Legislativo y el Judicial; el incremento del peso y el tamaño de la administración pública federal por la creación de organismos reguladores que se derivan de las reformas energéticas, e incrementos marginales a rubros como el combate a la pobreza y la enseñanza.
Por lo que hace a los recursos considerados para invertir en la construcción de un nuevo aeropuerto internacional metropolitano y otros proyectos de infraestructura, que en principio resultan positivos y saludables, cabe dudar que resulten suficientes para impulsar el desarrollo económico en aquellas regiones del país que más lo necesitan.
Es necesario que los integrantes de la Cámara de Diputados hagan uso de sus potestades como contrapeso del Ejecutivo y realicen las adecuaciones pertinentes al paquete enviado por la Presidencia de la República, a fin de que éste refleje de mejor manera las prioridades nacionales. Se requiere, con urgencia, que el poder público entienda la necesidad de poner la economía al servicio de la gente y renuncie a la escuela imperante desde hace dos décadas, que sacrifica a la población para servir a los capitales.
