León, Gto., La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato integró 12 investigaciones contra 10 ayuntamientos por discriminar a indígenas (el año pasado fueron 22 expedientes), informó el ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera. Los gobiernos acusados son los de León, Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz emanados del Partido Revolucionario Institucional; Irapuato, Celaya, Acámbaro y Abasolo, gobernados por el Partido Acción Nacional, y el de Cuerámaro, en manos del Partido de la Revolución Democrática.

Amecameca, Méx., El ex alcalde panista Rosendo García, de 47 años de edad, fue asesinado de 19 puñaladas y quemado. El cadáver fue encontrado la noche del miércoles en su domicilio, en la calle Progreso, adonde bomberos acudieron a sofocar un incendio. El ex edil (2003-2006) estuvo dos años en el penal estatal de Chalco, acusado por la contraloría estatal de desviar más de 10 millones de pesos, delito del cual fue exculpado.

Vecinos del fraccionamiento Los Manantiales, municipio de Nicolás Romero, estado de México, se organizaron esta semana para defenderse de los delincuentes, que en menos cometieron más de 10 asaltos y asesinaron a dos colonos, uno de ellos un comerciante, hace un mes.

Silao, Gto., La periodista Karla Silva interpuso una querella contra quien resulte responsable de los delitos de amenazas, robo y lesiones por una golpiza que le propinó ayer un hombre acompañado por dos personas. ¡Ya bájale a tus pinches notas o te va a cargar la chingada!, fue la amenaza que recibió mientras era golpeada en la oficina del periódico El Heraldo de Silao. Arrancaron los cables de la computadora, se llevaron dos celulares, una cámara y una computadora, dijo una de sus compañeras.

Villahermosa, Tab., Unos 25 dirigentes chontales y la diputada perredista Verónica Pérez Rojas comparecieron ante la delegación de la Procuraduría General de la República en el municipio de Cárdenas para declarar sobre su participación en el bloqueo de 44 días en 800 pozos petroleros y oficinas administrativas de Petróleos Mexicanos. En julio y agosto, más de 300 indígenas de 80 comunidades de Jalpa y Nacajuca exigieron indemnización por una fuga de gas en el pozo Terra 123 el año pasado. Empresa y pobladores acordaron que Pemex retiraría las demandas contra los manifestantes, pero éstos recibieron citatorios.