a práctica de ofrecer recompensas a los ciudadanos que proporcionen información sobre el paradero de delincuentes de todos los tamaños es un recurso que ya utilizan varios estados y, por supuesto, la Procuraduría General de la República (PGR). El gobierno federal ofrece por los principales cabecillas del narcotráfico gratificaciones que suman 563 millones de pesos, en una gran bolsa que incluía el pago por Joaquín El Chapo Guzmán, recientemente capturado.

La información por cada capo vale en México algo así como 30 millones de pesos, en tanto que en Estados Unidos la misma oferta alcanza hasta cinco millones de dólares.

Este programa incluye delincuentes menores –si es que existe una escala para medir el impacto de los hechos delincuenciales en la sociedad–; así, la PGR ofreció hasta un millón de pesos por cada uno de los autores del sabotaje cometido contra las instalaciones de la Comisión federal de Electricidad en Michoacán en octubre del año pasado, acusados de delincuencia organizada y daño en propiedad ajena.

Esta semana se adoptó un esquema similar en el sistema judicial veracruzano, con la iniciativa que envió el Ejecutivo estatal a la legislatura a fin de regular la entrega de recompensas a quienes auxilien al Ministerio Publico en las investigaciones, localización y detención de probables responsables de delitos.

El modelo plantea un plan de recompensas que serían entregadas, en una o varias exhibiciones, a quienes proporcionen información fidedigna para el esclarecimiento de actividades ilícitas, decisión que en lo general recaerá en la procuraduría estatal.

Es de esperar que la iniciativa de reforma se apruebe sin mayores contratiempos, dados los recientes acontecimientos en algunas regiones del estado, particularmente en la estratégica zona de Coatzacoalcos-Minatitlán.

Y aunque se ha capturado a 148 personas vinculadas con bandas de secuestradores y desarticulado 25 grupos delincuenciales que operaban en distintos puntos de la entidad, de acuerdo con lo que informó ayer el coordinador general de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos, el problema sigue, y es de suponerse que pronto habrá más noticias al respecto.