La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo en revisión en el que una asociación civil impugna la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR) entregar información sobre la cantidad de restos pendientes de identificar, correspondientes a los cadáveres de 72 migrantes localizados en 49 fosas clandestinas, localizados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, y los cuerpos encontrados en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012.

En una solicitud de información, la asociación civil Fundación para la Libertad y el Estado Democrático de Derecho requirió los datos a la PGR, la cual se negó a entregarlos con el argumento de que estaban en curso las averiguaciones previas correspondientes.

La decisión, que fue avalada en su momento por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), fue impugnada vía amparo, el cual fue resuelto por el juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, quien ordenó a la dependencia entregar una versión pública de las pesquisas, en razón de que, cuando existen violaciones graves a derechos humanos, éstas afectan a toda la colectividad, por lo que debe operar una excepción a la restricción de la información de las averiguaciones previas.

La PGR impugnó la decisión y ayer la primera sala de la SCJN decidió conocer el asunto, con la idea de establecer criterios relacionados con la forma en que debe interpretarse la excepción a la regla general de reserva de información contenida en averiguaciones previas, cuando existen violaciones graves a los derechos humanos.

La sentencia del juez Silva señaló que la sociedad está interesada en conocer la verdad histórica de los hechos a fin de enjuiciar a los responsables, evitar la impunidad y las repetición de dichos actos en el futuro, por lo que era infundada la pretensión de la PGR de no entregar la información requerida.